Juezas y Jueces para la Democracia denuncia que el aumento de penas por multirreincidencia en hurtos y estafa es un «retroceso» para la reinserción
Jueces para la Democracia (JJpD) ha manifestado su «profunda preocupación» ante la pendiente reforma del Código Penal para endurecer las penas por reincidencia múltiple en delitos menores de hurto y estafa, ya que la consideran un «retroceso en los principios de proporcionalidad y reintegración que debe regir nuestro ordenamiento jurídico».
En este sentido, JJpD defiende que «el aumento de las penas de prisión por hurtos y defraudaciones que no superen los 400 euros no aborda las causas estructurales del crimen «La experiencia tras la reforma de 2022 para los reincidentes (que han cometido un delito de esa naturaleza al menos tres veces y la cuantía supera los 400 euros) demuestra que por sí solas medidas punitivas más duras no tiene ningún efecto disuasorio realporque desde que se aprobó esa modificación los hurtos han crecido más del 20%”, enfatizan.
Para Jueces para la Democracia, aumentar las penas de prisión de hasta tres años por conductas individualmente consideradas poco graves «representa la violación del principio de proporcionalidad y una ruptura de la coherencia interna de nuestro sistema penal».
Así, advierten que «la reforma amenaza con abrumar a los tribunales con procedimientos globalmente más largos y complejos para conductas menores, lo que dificulta la agilidad necesaria para juzgar delitos más graves.
De este modo, la asociación defiende que «la solución a la reincidencia múltiple Requiere más recursos materiales y humanos. acelerar la detección, verificación y persecución de los casos de reincidencia múltiple, y no simplemente aumentar las penas», al tiempo que destacó que España «tiene las tasas de internamiento penitenciario más altas de la Unión Europea y, por otro lado, una de las tasas de criminalidad más bajas«.
«Advertimos que este tipo de reformas punitivas suelen caer con Especial dureza sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, desplazando el foco de las políticas sociales y de prevención hacia un control puramente policial y punitivo, suponiendo una criminalización de la pobreza», lamentan.
Por todo ello, JJpD insta a los poderes públicos «a abandonar el camino del populismo punitivo y apostar por una justicia reparadora y eficaz, que dote al sistema de los medios necesarios para dar respuestas ágiles, sin renunciar a los valores democráticos y garantes de nuestra Constitución», concluyen.
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