JUICIO A LOS PUJOL | ¿Qué debería aclarar Jordi Pujol en su declaración ante el tribunal? ¿Y la sentencia?
El día más esperado en cualquier juicio llega este lunes al de los Pujol: la declaración de los acusados, aunque en este caso primero habrá que despejar la duda de si declara o no el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley. El exmandatario deberá estar a las 9.30 de la mañana frente a los magistrados de la Audiencia Nacional que lo juzgan junto a su familia por la fortuna oculta en Andorra para que determinen si está o no en condiciones de responder por unos fondos por los que la Fiscalía Anticorrupción pide para él 9 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y blanqueo.
[–>[–>[–>Cuando comenzó el juicio, en noviembre, los forenses de Barcelona determinaron que Pujol Soley no está «en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente«. Pese a las críticas recibidas, el tribunal ha decidido que comparezca presencialmente ante ellos para adoptar una decisión definitiva. Si al final se estima que puede declarar y no se acoge a su derecho a no hacerlo, tendrá que aclarar varios aspectos. Estos son los principales:
[–> [–>[–>[–>[–>[–>El origen del dinero es clave para que haya blanqueo de capitales, el delito al que, junto con el de asociación ilícita, se enfrenta el expresidente Jordi Pujol Soley. El 25 de julio de 2014, el expresidente confesó públicamente que su familia había ocultado en Andorra una millonada sin regularizar ante Hacienda durante más de 30 años. No precisó la suma, pero unos días antes, ‘El Mundo’ había publicado que el clan movió 3,4 millones de euros en cuentas del Principado. La confesión del patriarca destapó la existencia de esa fortuna que, según explicaba en esa carta, procedía de una ‘deixa’ (legado, herencia) que había dejado en el extranjero su padre, el abuelo Florenci Pujol (fundador de Banca Catalana, fallecido en septiembre de 1980) para sus hijos y para su esposa, dado el riesgo que entrañaba para ellos que él se dedicara a la política.
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La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, sostiene que la fortuna de la familia Pujol proviene de la presunta trama de influencias que urdió desde su “posición privilegiada” para enriquecerse hasta acumular un patrimonio “desmedido” gracias al cobro de comisiones ilegales. La acusación pública subraya que la «ingente» cantidad de dinero que ocultaron a Hacienda fue fruto del «favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos» de administraciones catalanas bajo el control de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido fundado por el expresident.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>El fiscal anticorrupción solicita nueve años de cárcel para Jordi Pujol Soley por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. El expresident de la Generalitat ha rechazado esta versión y ha defendido que ni él ni sus hijos han cometido delito alguno. En su declaración ante el juez del 10 de febrero de 2010, el expresidente se remontó al germen de los fondos depositados en Andorra: «Esto tiene su origen en algo […] quéFue una cantidad de dinero que mi padre depositó afuera. […]. No estaba a mi nombre y yo no era el propietario. […]. Entonces se abrió esa cuenta. [en Andorra]que no abrí y que mi hijo cuidó [Jordi Pujol Ferrusola]».»Este legado [el de su padre] En realidad no estaba destinado a mí. La idea de mi padre, que es quien lo estableció en su momento, fue que fuera para mi esposa y mis hijos.. Me mantuve alejado porque había sido, desde el principio, muy contrario. Consideré que no era prudente”, dijo Pujol.
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La acusación pública no da crédito a esta versión que considera «acordada por todos los miembros de la familia«. Para Anticorrupción, la herencia no es más que una excusa para ocultar la «red de clientelismo» que tejió el expresidente aprovechando sus cargos con empresarios afines a CDC que se repartían los «sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las Administraciones catalanas bajo el control» del partido. Como todos los miembros de la familia eran conscientes de ello, todos están acusados de blanqueo y asociación ilícita. En el juicio, el fiscal Fernando Bermejo ha centrado sus esfuerzos en demostrar el origen ilícito del dinero ya que, a su entender, los múltiples negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, son una tapadera para encubrir el pago de comisiones ilegales por parte de constructoras adjudicatarias de obras públicas en Catalunya.
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[–> [–>[–>[–>Gran parte del juicio se ha centrado en determinar si las cantidades millonarias por hipotéticas intermediaciones en operaciones de diversa índole y en diversos negocios, algunos de los cuales llegaron a ser verdaderos pelotazos, obedecen a labores de asesoramiento reales. La fiscalía argumenta que son contratos simulados para camuflar comisiones ilegales de constructoras adjudicatarias de obras públicas en Catalunya. Durante la vista, no obstante, no han sido pocos los testigos que han explicado que esa intermediación sí que se produjo en determinadas operaciones, sobre todo en México y Gabón, pero otros, especialmente los que vendieron algún terreno en Madrid, han puesto en duda que estas existieran.
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Desde 2008 hasta 2012, cuando se produjo la denuncia de Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola que denunció haberlo acompañado a Andorra con bolsas de dinero, en las cuentas bancarias y depósitos financieros de los Pujol se produjo un movimiento por el que de 106.796 euros se llegó hasta los 12,2 millones, con salidas superiores a las entradas de efectivo. El expresidente tendrá que aclarar si estaba al tanto o no de los negocios de su hijo mayor y de la existencia de esos importantes movimientos de capital. En su declaración durante la instrucción se defendió de los fondos de Andorra con un: «siempre estuve al margen».
[–>[–>[–>[–>[–>[–>La Fiscalía Anticorrupción no acusa al expresidente Jordi Pujol Soley de fraude a Hacienda por el dinero de su familia en Andorra, pero sí a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, la que era mujer de este, Mercè Gironès, y a otro de sus hijos, Josep. Para el primero, la acusación pública reclama en total 29 años de prisión, para su exesposa, 17 años, y para Josep Pujol Ferrusola, 14 años. Pujol siempre ha negado que fuera titular de alguna de las cuentas en Andorra, aunque en la documentación de una de ellas hay un manuscrito suyo en el que autoproclama que el dinero es suyo. La defensa sostiene que esa fue una táctica para que, tras el divorcio de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès, esta última no reclamara parte de esos fondos.
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El expresidente admitió en su carta de julio de 2014 que «lamentablemente» no se encontró «el momento más adecuado» para poner al día ante la Agencia Tributaria esta herencia. Consciente del impacto de la noticia, el propio Pujol explicó que exponía estos hechos «con mucho dolor» y pedía «perdón» por ello a tanta «gente de buena voluntad que puede sentirse defraudada en su confianza». En su declaración ante el juez instructor, fue más preciso y alegó que nunca encontró el momento de regularizar ese legado, «por las consecuencias que a partir de ese momento hubiera tenido [para él]indirectamente.» «Yo estaba en una situación en la que no podía afrontar el riesgo político de esto. Por lo tanto, nunca he podido regularizarlo», recalcó. No lo hizo hasta 2014, cuando confesó la existencia del dinero. Su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, Él era el encargado de administrar los fondos.
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El tribunal, en su sentencia, además de determinar el origen del dinero y, con ello, si se cometió o no algún delito, deberá llegar a una conclusión sobre si la ‘Operación Cataluña’ tuvo alguna incidencia en el caso Pujol y, en caso afirmativo, decidir si fue suficiente para anular las actuaciones que se iniciaron en 2012, con la denuncia que presentó Victoria Álvarez, alentada por el excomisario José Manuel Villarejo. Durante el juicio, las defensas lograron que declarara ante el tribunal el propio policía así como los imputados en Andorra por supuestas coacciones a los propietarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conseguir información de políticos catalanes, entre ellos, los Pujol.
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