el cantante Julio Iglesias (82 años) ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (54), por acusarlo de sometiendo a sus trabajadores a «abuso sexual» y tenerlos en uno «situación de esclavitud». Si no retira estas declaraciones, se presentará una denuncia en su contra.

Así se desprende del escrito, al que ha tenido acceso Prensa Europaen el que su abogado jose antonio choclán insta a Díaz a «rectificar públicamente» el mensaje que publicó en su cuenta en la red social Bluesky.

También le pide al vicepresidente que indemnizar a Iglesias «en la cuantía que se establezca en función del grave daño social causado» por su «conducta injuriosa y calumniosa».

Díaz, en concreto, compartió una noticia el pasado 13 de enero con el titular ‘Ex trabajadores de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresión sexual’. «Testimonios escalofriantes (…) Abuso sexual y situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente», añadió.

La representación de la cantante indica que la vicepresidenta fue entrevistada al día siguiente en un programa de televisión en el que se hablaba de la denuncia que varios exempleados de Iglesias interpusieron contra ella, y que no fue admitida porque la Fiscalía consideró que no era competente para investigarla.

Fue el pasado mes de enero, concretamente, cuando el Ministerio Público publicó su decreto de archivo, en el que destacaba el «falta de competencia de los tribunales españoles y por tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados.»

Díaz, según el documento ahora presentado, afirmó que los trabajadores «Estaban en una posición de extrema inferioridadExtremistas como seres humanos, extremas como trabajadoras de Julio Iglesias.» «La investigación que estamos conociendo estos días es aterradora, es de pánico, todas las violaciones a los derechos humanos se concentran en las mujeres», aseveró.

El escrito señala que «el imputado, alto funcionario público del Estado, transmitió a la opinión pública primero a través de una red social y, posteriormente, a través de un medio televisivo, claros prejuicios de culpabilidad contra Iglesias, como que en su casa se cometieron abusos sexuales, los trabajadores estaban en esclavitud y se vulneraban sistemáticamente derechos fundamentales».

Lo que Iglesias quiere es que Díaz «se comprometa a reconocer la carácter gravemente insultante y calumnioso de las manifestaciones, que ha habido un juicio paralelo indebido proveniente de una autoridad pública extrajudicial, mediante declaraciones injuriosas y calumniosas, que «han lesionado el honor y la imagen y reputación social» del cantante.