ZARAGOZA 5 feb. (EUROPA PRESS)-

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha reclamado el endurecimiento «urgente» de la Ley de Menores tras el violento motín registrado este jueves en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Menores del barrio rural zaragozano de Juslibol, que ha dejado ocho agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y entre seis y diez guardias de seguridad heridos.

El aviso se produjo a las 00:30 horas de este jueves, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, que explicaron que el incidente se inició con la agresión de un grupo de internos a un vigilante de seguridad del centro para robar las llaves de apertura de las habitaciones de otros menores que residen en las instalaciones.

Según Jupol, los hechos se desencadenaron cuando varios internos se atrincheraron tras apoderarse de las llaves de un módulo, llegando incluso a agredir a un guardia de seguridad «de forma extremadamente violenta», golpeándolo con muebles y otros objetos.

La gravedad de la situación ha obligado a una «intervención urgente y compleja por parte de la UIP», que ha tenido que actuar con rapidez para evitar consecuencias aún más graves y restablecer la seguridad en las instalaciones. La operación ha finalizado con varias detenciones.

El sindicato policial ha manifestado su «absoluto apoyo» a los compañeros de UIP, que «han demostrado una vez más su profesionalidad y dedicación en una intervención de altísimo riesgo», así como a los guardias de seguridad y trabajadores del centro, que también han resultado heridos, a quienes ha deseado «una pronta y completa recuperación».

Han asegurado que este episodio de «violencia extrema» no es «un hecho aislado», sino «el resultado directo de un sistema que ha debilitado el principio de autoridad y ha generado una preocupante percepción de impunidad, especialmente en determinados entornos donde se ha normalizado la agresividad contra los profesionales de la seguridad».

Por ello, han reclamado un endurecimiento legislativo para proteger de forma «real y eficaz» a policías y profesionales de estos centros, así como una reforma «profunda» de la Ley de Menores, que ven «claramente insuficiente» para afrontar situaciones de violencia «grave y reiterada» como la vivida en Juslibol.

AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD

Además, han solicitado refuerzo de los protocolos de seguridad y de los medios materiales y humanos en este tipo de centros, donde cada vez son «más frecuentes» episodios de agresiones, disturbios y altercados violentos.

Asimismo, Jupol ha vuelto a alertar del aumento de la delincuencia en las calles, especialmente la relacionada con los delitos más graves, con «datos irrefutables» recogidos en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior «que desmontan por completo el relato del gobierno».

«Lejos de avanzar hacia una mayor seguridad, España está inmersa en una escalada de delitos violentos y especialmente graves», han subrayado, y han asegurado que es «consecuencia directa de la falta de recursos materiales y humanos, la congelación del Catálogo de Empleo desde 2008, la mala reposición de personal y la ausencia de políticas efectivas de prevención».

A ello han añadido «el debilitamiento institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cada vez más desprotegidos ante el crecimiento de la violencia», calificando de «particularmente preocupante la pérdida del principio de autoridad, alentada por la falta de apoyo político y judicial a la labor policial y que queda demostrado con las 17.000 agresiones sufridas por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2024».

Por todo ello, el sindicato Jupol ha pedido al Gobierno una batería de medidas legislativas urgentes que refuercen la protección jurídica de los agentes y restablezcan el respeto institucional a quienes garantizan la seguridad.

«No es aceptable que quienes velan por la seguridad y el orden público, o trabajan en primera línea en centros especialmente sensibles, lo hagan en condiciones de riesgo cada vez mayor y con un respaldo jurídico cada vez más débil. Lo ocurrido en Juslibol debe marcar un antes y un después. No podemos seguir mirando para otro lado mientras aumentan los ataques y la violencia contra los profesionales», concluyeron.