la administración regional, a favor de la recuperación del control del servicio
El Principado se suma al frente de recuperar la gestión pública del servicio del agua en Avilés. Fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA confirman que el ejecutivo autonómico respalda la vía abierta por el gobierno local para estudiar el regreso a una gestión pública de la red, hoy en manos de la sociedad mixta Aguas de Avilés, participada mayoritariamente por Asturagua-Veolia (76%) y también por el Consistorio (24%). El apoyo de la administración regional, a la que el Consistorio quiere involucrar en la gestión del agua, refuerza el giro emprendido por el gobierno local tras la reclamación judicial de 15,3 millones de euros presentada por el socio privado.
[–>[–>[–>Este respaldo del Principado llega después de que el gobierno local asegurase este miércoles que lleva «meses» trabajando con la administración autonómica en la búsqueda de alternativas para «avanzar hacia un modelo público» después de la «quiebra de confianza» con Veolia. La experiencia del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de Digitalización del Ciclo del Agua, desarrollado junto a otros ayuntamientos del entorno y Cadasa, aparece ahora como el principal precedente de éxito de colaboración institucional para explorar una fórmula de gestión entre Ayuntamiento y Principado.
[–> [–>[–>La reclamación de 15,3 millones de euros por parte de Asturagua-Veolia al Ayuntamiento para compensar la merma de ingresos del contrato, ha colocado bajo revisión el modelo de gestión del agua, nacido en 2009 y operativo desde enero de 2010. Aguas de Avilés está participada en un 76% por Asturagua-Veolia y en un 24% por el Ayuntamiento, aunque el Consistorio conserva la mitad del consejo de administración y el voto de calidad de la alcaldesa. Este mismo miércoles, el gobierno local defendió que la sociedad mixta permitió modernizar el servicio de aguas al ejecutar más de 60 obras durante este periodo.
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La ruptura entre empresa y Ayuntamiento llega por la vía judicial. Asturagua-Veolia sostiene que existe un desequilibrio económico-financiero en la concesión y reclama una compensación al entender que no alcanza la rentabilidad mínima del contrato, fijada en una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 4,48%. El Ayuntamiento rechaza esa lectura y sostiene que las pretensiones del socio privado «no son adecuadas ni se ajustan» al contrato, cuya duración total es de 25 años y finaliza en 2034.
[–>[–>[–>El Ejecutivo municipal defiende que el análisis económico no puede hacerse de forma aislada sobre el tercer quinquenio, correspondiente al periodo 2019-2024, sino atendiendo al conjunto de la concesión. Además, sitúa el origen inmediato del litigio en el pleno del 31 de octubre de 2025, cuando PP, Vox y Podemos rechazaron actualizar las tarifas del agua conforme al IPC. Según el gobierno local, aquella votación supuso un incumplimiento contractual y acabó derivando en el recurso contencioso.
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La oposición, por el contrario, acusa al gobierno de opacidad por la provisión de 15,3 millones incluida en la Cuenta General y vincula el problema a la decisión política de no aplicar compensaciones previstas en el contrato. En ese cruce de reproches, el apoyo del Principado introduce un elemento nuevo. La remunicipalización deja de ser solo una reivindicación de Izquierda Unida y pasa a formar parte de una estrategia institucional más amplia para responder al pulso de Veolia.
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[–>IU cierra filas con el PSOE
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Izquierda Unida cerró filas con el PSOE en la necesidad de plantar cara al socio privado y avanzar hacia el rescate de la concesión. El coordinador local de IU, Juanjo Fernández, llamó este jueves a la calma de la ciudadanía y aseguró que la crisis «no afecta al servicio» ni responde a problemas internos de gestión. La formación defiende que Aguas de Avilés cuenta con una plantilla «solvente y competente» y una situación económica saneada, y atribuye la tensión al «desmedido afán de enriquecerse» de Veolia-Asturagua.
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IU sostiene que hay consenso en el gobierno de coalición para «hacer frente al chantaje de Veolia en los tribunales» y devolver el agua a una gestión «pública al cien por ciento». Fernández calificó de «auténtica locura» la reclamación de más de 15 millones, más de tres millones por año de gestión, y acusó a la multinacional de intentar «sacar tajada asaltando las arcas públicas municipales» tras comprobar que el Ayuntamiento no aceptaría aplicar un «tarifazo» en los recibos del agua. Para IU, el contencioso ha generado un amplio consenso en Avilés contra la continuidad de una empresa privada en la gestión de un bien público de primera necesidad.
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