Los datos de la OCDE indican que en 2023 -última cifra disponible- un 12,5% de los empleados Los españoles estaban en las filas de un sindicato. Supone una caída de cuatro puntos en apenas una década (desde el 16,7% en 2012) y la segunda peor cifra en lo que va de siglo (tras el 12,4% en 2019), aunque eso no es mucho decir, dado que en 2000 la tasa era de apenas el 14,8%. La participación de los trabajadores de nuestro país en las centrales sindicales sólo experimentó un aumento significativo entre 2009 y 2015, cuando, en plena recesión tras el crack de 2008, la tasa superó el 16%, pero a partir de entonces inició una senda descendente que la ha llevado a tocar fondo durante los gobiernos de Pedro Sánchez.

Estas cifras contrastan, por ejemplo, con las de Suecia, donde la representación es del 65,9% de la población activa, o de Italia, con el 30%. A su vez, si tomamos la última ola del International Social Survey Program (ISSP), una estadística elaborada por varias universidades internacionales (con una metodología diferente a la de la OCDE), descubrimos que España está ocho puntos por debajo de la media de la Unión Europea, con un 18% de sindicalización, frente al 26,3% en el espacio comunitario.

Cabe decir que el problema no es exclusivo de nuestro país, ya que a excepción de los países escandinavos y Austria, el resto de estados miembros muestran porcentajes inferiores al 20% en las estadísticas del ISSP. Y la tendencia a la baja tampoco es exclusiva de España, ya que la OCDE apunta a descensos en la participación sindical en buena parte de los países de la UE; Tomemos el caso de Alemania, que ha pasado del 22% en 2000 al 14,1% en 2024.

Un problema heredado del 78

Para explicar las causas del fenómeno, al menos en lo que respecta a España, conviene recuperar un artículo publicado en 2002 por los economistas Olivier Blanchard, que años más tarde sería jefe de Economía del Fondo Monetario Internacional (FMI), y el español Samuel Bentolila, que ya alertaban sobre los «pocos incentivos» que ofrece nuestra legislación laboral para que los trabajadores se afilien a las organizaciones que los representan.

En 2002 el problema ya era evidente, con sólo el 14,6% de los empleados asociados a alguna organización. De hecho, desde que se aprobó la Constitución de 1978, la tasa de representación nunca ha superado el 17% registrado en 1993, cifra que en cualquier caso está muy lejos del 38% de 1978 y el 27% de 1979, cuando aún sobrevivían los rescoldos del modelo basado en la antigua unión vertical -y obligatoria- franquista.

En ‘Paro español: ¿El fin del viaje salvaje?’ (2002), Blanchard y Bentolila describieron cómo el marco laboral inaugurado con la democracia no fue capaz de crear un entorno que fomentara la afiliación, entre otras cosas porque a los empleados se les garantizaba el derecho constitucional a estar cubiertos por un convenio colectivo, independientemente de su pertenencia a una organización. A su vez, argumentaron estos economistas, en el nuevo modelo la representatividad de los sindicatos emanaba de los resultados de las elecciones en las empresas y no del porcentaje de afiliados en sus filas, lo que también reducía los incentivos.

El caso es que esto ha iluminado un escenario en el que las centrales ejercen la prerrogativa fundamental que les otorga la Constitución, que es la de colaborar con el Estado en los procesos de planificación económica y en la negociación de leyes (artículo 131), pero lo hacen sin apenas tener uno de cada diez trabajadores como afiliados.

Los jóvenes y precarios, excluidos

Para Funcas, este patrón supone «un desafío para la sostenibilidad de la representación sindical en el medio plazo», se lee en el informe. Y lo más preocupante, quizás, es que la tendencia aumentará en los próximos años, ya que numerosos estudios – señala el think tank – indican que la sindicalización está disminuyendo entre la población joven y los trabajadores a tiempo parcial o con contratos temporales. Precisamente, y en relación con esto último, no hay que olvidar que en España cada vez hay más empleo precario pese a que las cifras oficiales intentan ocultarlo bajo el trampantojo del empleo fijo-discontinuo. En concreto, desde que el Gobierno introdujo esta nueva forma de relación laboral en la reforma de 2021, alrededor del 60% de los nuevos contratos firmados son indefinidos-discontinuos o a tiempo parcial.

En todas las economías desarrolladas hay una creciente Falta de interés en la sindicalización entre los jóvenes.pero nuestro país presenta un «perfil diferenciador», advierte Funcas, porque entre los trabajadores de entre 25 y 44 años con contrato a tiempo completo, la tasa de afiliación es del 18% (según datos de la encuesta del ISSP), mientras que en el grupo de 45 a 64 años la cifra aumenta hasta el 26%.

Además de la edad, como ya se mencionó, existe una segunda brecha relacionada con el tipo de contrato, que revela que los trabajadores permanentes-discontinuos, parciales y precarios en general son quienes viven más alejados del fenómeno de la política laboral. En concreto, en el grupo de entre 25 y 44 años, sólo el 10% de los empleados con contrato a tiempo parcial están afiliados a un sindicato, mientras que en el grupo de edad entre 45 y 64 años la tasa es del 24%.

Existe una relación evidente entre la baja afiliación y el tipo de contrato, que sólo disminuye en los grupos de mayor edad. Para los expertos de Funcas, esto demuestra que la sindicalización se concentra en trabajadores con experiencia y carreras estables, mientras que «los jóvenes con empleos más precarios generalmente quedan fuera de las organizaciones sindicales».

Esto, continúa el informe, provoca un envejecimiento gradual de la base de las grandes organizaciones, al tiempo que ralentiza el relevo generacional, dando lugar a un sistema que excluye cada vez más a segmentos más amplios de la fuerza laboral en los procesos de diálogo social. Por el contrario, Funcas destaca los modelos imperantes en los países nórdicos (Suecia, Noruega e Islandia), donde el modelo es mucho más inclusivo.