El aviso de la Airef no es nuevo, pero sí llega en un momento en el que el Ejecutivo se plantea presentar un proyecto de Presupuestos del Estado para 2027 y con nuevas medidas anticrisis sobre la mesa para apaciguar el impacto de la guerra en Irán. Situación agravada por el fin de la llegada de fondos europeos, cuya liquidación definitiva se producirá el 31 de agosto. Para la presidenta del organismo, Inés Olondriz, el Gobierno debe «querer cumplir» con las reglas de gasto, independientemente del contexto político que se esté viviendo. Su objetivo, ha insistido Olondriz, es «señalar los riesgos» que existen actualmente. Y si no se adoptan medidas, «al final se acabará siendo incumplimiento», ha apuntado.

Y entre las posibles opciones a partir de la próxima legislatura está una nueva negociación con la Comisión Europea sobre la senda fiscal que debe cumplir España. O ajustar todas las medidas a los dos próximos años en los que se concentrarían los ajustes necesarios, tal y como indica la propia Autoridad Tributaria.

En cualquier caso, las cuentas presentadas por el organismo fiscal son aclaratorias: serían necesarias medidas por valor de seis décimas del PIB en todo tipo de ajustes fiscales. Es decir, acometer, por ejemplo, una reducción del gasto público que represente un valor aproximado de 10.000 millones de euros, según estimaciones de la Airef. Y ello siempre que se acepten las medidas adoptadas para contener los efectos del conflicto iraní.

Más espacio para la guerra

Esta nueva reprimenda de la Airef llega acompañada de una nueva previsión para el crecimiento del gasto neto procedente de medidas de renta en 2026 hasta el 6,4%, lo que Está 1,7 puntos por encima de lo esperado por el propio Ejecutivo en mayo. Esta situación “reduce el margen para cumplir con los compromisos fiscales actuales. Esta cifra representa una desviación anual del 1,1% del Producto Interior Bruto (PIB) respecto a aquellos requerimientos que se reflejan en la normativa vigente.

En cualquier caso, la Airef admite que existe una «flexibilidad adicional» para la aplicación de la cláusula de salvaguardia para dar cabida al aumento del gasto en defensa y su extensión a determinadas medidas energéticas para paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra en Irán. En este sentido, si Bruselas aceptara el máximo previsto para estas acciones temporales, que equivale al 0,3% del PIB, la cuenta de control acumulada se reduciría al -0,6% del PIB, justo el límite permitido por la normativa europea, evitando así el incumplimiento.

La Autoridad Tributaria ha mejorado definitivamente las previsiones de crecimiento de la economía española para 2026 y 2027 hasta el 2,5% y el 2,1%, además de mantener las déficit público al 2,6% del PIB para este año y estima que la deuda pública se reducirá hasta el 99,3% de la riqueza nacional.