Con estos mimbres, ese nuevo análisis bajo demanda de la situación de las pensiones, que la Seguridad Social exige a la Airef para «tener en cuenta las revisiones más recientes y los datos de crecimiento y empleo», queda congelada. Porque la Autoridad Tributaria decidirá cuándo publicarlo y en qué condiciones, según su criterio, avalado tras la consulta que lanzó con la Fiscalía del Estado.

El real decreto que lo regula fue publicado el pasado 2 de julio, pero la Airef descarta iniciar los trabajos correspondientes hasta que se aclare esta cuestión jurídica, clave para su funcionamiento. Tendrás que negociar con el Ministerio de Seguridad Social cómo permite este proceso de una manera distinta al informe. Una herramienta que, además de opiniones y valoraciones, son las tres formas de trabajo encomendadas a la organización.

Si el Gobierno quiere seguir por el camino dictado en ese decreto, sería necesario cambiar la ley. Así lo recordó ayer la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, quien reprochó al Ejecutivo sus decisiones de «disminuir» su calidad de supervisor de cuentas de pensiones imponer criterios con los que la organización no está de acuerdo y que pueden exceder las funciones que tiene encomendadas desde su creación en 2013.

Herrero, que ayer compareció ante la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, indicó que esa falta de «libertad» se ha visto agravado con la imposición de este segundo examen, «porque incluye un informe adicional con el argumento de incorporar más PIB y mercado laboral», cuyas estadísticas han mejorado significativamente en los últimos dos años. «Para esto no es necesaria la Airef», indicó Herrero. «El propio Gobierno puede hacerlo», insistió a los diputados.

El presidente de la institución insiste en que se valoran tanto sus funciones que «cualquier cosa que venga por otra vía, como un decreto del Gobierno, tiene que encontrar alojamiento y no puede contravenir lo que dice la ley sobre qué hacer. Por ello, insiste en el cumplimiento de la ley, algo que «también recuerda la Fiscalía del Estado». «No aprovechemos el eslabón más débil de la norma para que acabemos convirtiéndonos en una agencia del Estado», advirtió a los grupos parlamentarios.

Tras conocer la nueva obligación impuesta por la Seguridad Social, la propia Airef acudió a la Fiscalía del Estado en respuesta a lo que consideraban «la proliferación de normas» que distorsionan su trabajo y terminan siendo una «intrusión». La respuesta del organismo jurídico se ha limitado a indicar que cualquier obra adicional deberá cumplir con lo definido por la ley. Y si no se modifica la legislación, que parece lo más probable, habría que hacerlo por otra vía que demandará más tiempo y menos disciplina a criterio del Ejecutivo.

Una evaluación más libre

Porque el quid de la cuestión –un laberinto técnico, pero que repercute en la forma de realizar estos exámenes y también en el resultado– reside en que este tipo de recuperación, un año después del primer análisis que sí requirió la reforma de pensiones del ex ministro José Luis Escrivá, No se puede desarrollar a través del informe, como ha instado el Ejecutivo.

Las otras alternativas son el opiniones o valoraciones, aunque incluyen condiciones. En el caso de denuncias, la ley de la Airef establece la 11 sujetos sobre los que podrás elaborar estos documentos: previsiones macroeconómicas, ingresos y gastos, estabilidad, deuda pública, presupuestos o cuentas regionales, entre otros. Pero el Ejecutivo no puede obligar a que ese documento se haga con otro asunto, como las pensiones.

Si la Seguridad Social quiere que la Airef lo habilite mediante un opiniónni puede hacerlo porque sólo puede expedirlos cuando son por iniciativa de la propia Autoridad Tributaria, y no por orden de una administración pública, ya sea estatal, autonómica o municipal.

La única posibilidad que tiene el Ministerio que dirige Saiz para este segundo examen es a través de un estudiarcuyos requisitos también están fijados por la normativa. aunque con límites: los criterios para elaborarlos los marca la Airef, y no el Gobierno; El calendario lo decide la institución supervisora, en función de su carga de trabajo; y es necesario dotar a la Autoridad Tributaria de un presupuesto específico para realizar esta labor. Además, tendría que evitar otros estudios que la Airef ya se encarga de que las comunidades o ayuntamientos cumplan con los plazos que exige el Ejecutivo con las pensiones.

Para llegar a este punto de la evaluación, la Autoridad Tributaria considera que No se cumplen ni los plazos, ni los criterios del estudio ni el presupuesto para elaborarlo. En la práctica, será prácticamente improbable que este examen pueda presentarse el próximo mes de junio. Y el proceso es a costa de que la Seguridad Social acepte un cambio de dirección regulatoria. Además, con el inconveniente de que el Cristina Herrero deja su cargo en marzo. Lo hace porque así lo establece la ley, con carácter improrrogable, y a costa de que el Gobierno diga quién le sustituye. Se trata de una decisión propuesta por el ministro de Economía, pero tiene que pasar por las Cortes (mayoría absoluta de la Comisión en el Congreso o mayoría simple en el Senado del mismo nombre) en un contexto de fragmentación total.

Una puerta abierta en los decretos

La Seguridad Social considera que este trabajo «es un informe de seguimiento, No es una nueva evaluación. Además, lo justifica porque «está previsto en la cláusula de cierre» y «debe considerarse dentro de los estudios de la ley de la Airef». Es decir, indica que no es opcional. Recuerdan también que la cláusula para evaluar la sostenibilidad del sistema está prevista en un decreto ley que contó con el apoyo mayoritario del Parlamento. Y que el contenido era uno de los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación.

Pese a la insistencia del Ejecutivo en revisar el estudio, la propia Herrero anticipó ayer que los resultados no harán un gran cambio en comparación con los del informe del pasado mes de marzo. «En un año no van a cambiar tantas cosas», enfatizó para diluir las expectativas generadas.