Llamada de atención de la Audiencia Provincial de Madrid al juez Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez. El tribunal revoca la acusación contra Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y secretario general de la Presidencia del Ejecutivo entre 2021 y 2023.

El Tribunal admite los recursos de las defensas y concluye en su escrito que El juez Peinado se basó en «suposiciones» acusar a Martín de prevaricación. El tribunal tampoco ve «el más mínimo indicio» de la participación de Martín en un presunto delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno.

El juez Peinado había admitido una denuncia de Vox lo que ahora rechazan los magistrados de la audiencia de Madrid al entender que no hay indicios de que Martín, cuando ocupaba ese cargo, participara en un supuesto desvío de las funciones que debía cumplir Cristina Álvarez.

En el auto al que ha tenido acceso laSexta se detalla que «la denuncia atribuye al citado, un posible delito de prevaricación, que habría consistido en el nombramiento de Cristina Álvarez, para funciones en las que se iba a realizar una desviación hacia los intereses personales de la esposa del presidente del Gobierno». «Los recurrentes afirman que El nombramiento se realizó tres años antes de que el acusado asumiera el cargo. y cesó en 2023, cuando Cristina Álvarez continúa en el cargo. Al respecto, tampoco consta un presunto conocimiento, ya que es lógico pensar que Francisco Martín Aguirre tenía conocimiento de la actividad oficial de Cristina Álvarez, pero no consta que supiera que ella se excedía en sus funciones, bajo dirección de Begoña Gómez. «Son meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad, procede acceder a la inadmisibilidad de la denuncia respecto del mencionado Francisco Martín Aguirre.»

Respecto a la acusación de malversación de fondos, el documento explica que «los recurrentes se centran casi por unanimidad en la legalidad del nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de la esposa del presidente del Gobierno, cuestión que está fuera de toda duda». «Como se ha dicho, el posible delito de malversación se refiere al supuesto desvío del cumplimiento de su función como personal interino de la administración, desde su nombramiento para el cargo de máxima confianza, al servicio de las actividades privadas de Begoña Gómez, lo que supone un desvío de recursos públicos en favor de intereses privados. Por el contrario, no se cita en la denuncia, ni se aporta el más mínimo indicio de la participación en dicha actividad del citado Francisco Martín Aguirre», concluye.

Martín declaró el 14 de mayo ante el juez Peinado. «He comparecido ante el juez y he podido constatar que en ningún momento participé en esa cita para la que fui citado hoy como instructor», afirmó el propio Martín Aguirre a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla. También añadió que estaba «tranquilo» y vaticinó que «todo va a terminar en nada, porque no hay nada».

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