El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama se ha hecho cargo de la investigación sobre el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió como rescate por la pandemia a la aerolínea Plus Ultra y el presunto blanqueo de fondos públicos y oro de Venezuela en varios países.

Según ha informado el tribunal, el magistrado ha aceptado la competencia para investigar el caso en un auto en el que acuerda que se mantenga en secreto. El titular de la Plaza 4 del Juzgado Central de Instancia también ha reclamado al juzgado de Madrid, que hasta ahora investigaba el procedimiento, que le remita todas las diligencias.

Cabe destacar que Calama investigará el caso actuando como titular de Plaza 2, donde se investiga el caso, después de que su colega, el juez Ismael Moreno, se abstuviera en 2024. Fue entonces Calama quien rechazó admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso -entendió que no era competente y la remitió al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que fue quien investigó el rescate de la aerolínea y acabó archivándolo-.

La jueza de Plaza de Castilla, que decidió inhibirse mientras el caso permanezca en secreto, fue quien ordenó la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, el pasado mes de diciembre; el director general, Roberto Roselli, y el empresario Julio Martínez Martínez.

Según fuentes jurídicas, ese juzgado venía investigando los hechos denunciados por Anticorrupción, pero no sólo. La Fiscalía denunció el «uso indebido» de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra en subvención del Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero «se habría utilizado para reembolsar préstamos concedidos a esa empresa por otros en la presunta trama criminal».

Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, la denuncia apuntaba a una supuesta organización criminal con sede en Francia, Suiza y España.

Estaría constituido -explicó la AN en un documento al que tuvo acceso esta agencia de noticias- «personas extranjeras, de nacionalidad española y, al menos, un abogado español», y se dedicaría «a la realización de actos de blanqueo de capitales en los tres países antes mencionados».

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