Los bancos europeos han lanzado una movilización sin precedentes para colocar la simplificación regulatoria y de supervisión en el centro de la agenda económica de la Unión Europea. No es de extrañar: ofrecer al sistema financiero un marco regulatorio que le permita competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo e impulse la financiación al sector productivo y a las administraciones es vital para el futuro de Europa.

La Asociación Española de Banca (AEB) acaba de lanzar una campaña digital que destaca que Simplificar es condición imprescindible para impulsar el crecimiento y la competitividad del continente. Forma parte de una iniciativa europea coordinada por la Federación Bancaria Europea (FBE) que, bajo el lema #SimplifyToStrengthen -#SimplificadorParaCrecer en su versión española- reclama un marco regulatorio más claro, proporcionado y coherente con los retos estructurales de la UE.

Durante la última década, Europa ha construido un sector bancario extraordinariamente fuerte. Hoy los bancos tienen más capital, más liquidez y una mayor capacidad para absorber pérdidas. Esta fortaleza se ha puesto a prueba en tiempos de tensión: desde la pandemia y episodios de inestabilidad financiera hasta un contexto geopolítico incierto. La resiliencia del sistema financiero europeo es indiscutible.

Pero, en paralelo, la UE ha configurado un marco regulatorio cada vez más extenso y complejo. La superposición de regulaciones globales, europeas y nacionales ha generado duplicaciones y ha ralentizado procesos esenciales para la financiación de la economía real. Según el análisis de la Federación Bancaria Europea, Entre 2,7 y 4,1 billones de euros siguen hoy congelados en colchones y decisiones de supervisión. Recursos que, de estar disponibles, habrían permitido financiar las grandes necesidades de Europa en transición ecológica, transformación digital o seguridad y defensa.

El debate está en el centro de la Unión Europea. Se espera que el 12 de diciembre el Ecofin apruebe unas conclusiones que piden simplificar y racionalizar la regulación financiera europea, centrándose en eliminar cargas innecesarias y mejorar la coherencia del marco prudencial. Es una señal política clara de que la UE comparte el objetivo de fortalecer la competitividad de su sistema financiero sin renunciar a la estabilidad. Una línea de acción que converge con las recomendaciones de Mario Draghi y Enrico Letta, cuyos informes han colocado en el centro del debate europeo la urgencia de revitalizar la competitividad, profundizar el mercado único y reorientar el uso del capital hacia actividades que generen crecimiento y fortalezcan la autonomía estratégica de la UE.

Las propuestas del sector van precisamente en esa dirección. El banco ha presentado un paquete de 24 recomendaciones dirigidas a instituciones y organizaciones competentes. Entre ellas se incluyen la racionalización del marco prudencial, la eliminación de solapamientos regulatorios y la revisión de determinados colchones de capital que no se corresponden con los estándares internacionales o cuyo uso se considera excesivo. En supervisión surge la necesidad de favorecer respuestas más eficientes a nuevos riesgos y dotar de mayor estabilidad y proporcionalidad a los requerimientos de capital que dependen de decisiones supervisoras caso por caso, garantizando que la interpretación supervisora ​​esté alineada con la voluntad del legislador.

Una de las líneas de trabajo sugeridas por diversos expertos es la posible evolución del modelo de supervisión bancaria en Europa. En este contexto, ha surgido la propuesta de incorporar, de forma complementaria y siempre subordinado a la estabilidad financiera, un objetivo específico de competitividad en el mandato del supervisor europeo, siguiendo el precedente del Banco de Inglaterra. Este enfoque permitiría avanzar hacia un marco más proporcionado y coherente con la necesidad de que los bancos sigan financiando el crecimiento en un entorno global cada vez más exigente.

El objetivo no es desregular. Se trata de mejorar el uso del capital y evitar que la acumulación regulatoria acabe penalizando la capacidad de los bancos para apoyar a las familias, a las pymes y a los sectores estratégicos. Una regulación más eficiente liberaría recursos que podrían utilizarse para financiar la transición energética, la digitalización y las inversiones requeridas por la autonomía estratégica y la competitividad europeas.