La decisión del Consejo de Ministros de hacer las condiciones de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) Imponiendo a BBVA la prohibición de desaparecer la entidad catalana cayó como una jarra de agua fría en la sede del grupo vasco. El mercado esperaba que el ejecutivo interviniera para establecer varias condiciones de diferentes tipos, pero nadie tenía que todo se reduciría a un solo elemento: Sabadell tiene que continuar existiendo como una entidad separada.

Este movimiento del gobierno, ejecutado el 24 de junio, hace que los cálculos de operación tengan que cambiar necesariamente. BBVA siempre ha anunciado que espera sinergias de 850 millones. Esos 850 millones se dividen en 750 millones de ahorros en costos operativos (tecnología, administración y personal) y 100 millones en ahorros de costos de financiación.

Sin fusión, esa figura está más en el aire que nunca. El Sabadell señala que mientras no haya sindicato de las dos entidades, las sinergias serían cero euros, van a vano por completo. El BBVA, por otro lado, se limita a revisar que la condición del ejecutivo qué causas es un retraso en el logro de las sinergias.

El banco vasco mantiene los cálculos de cuántos millones de sinergias podrían materializarse sin fusión en los primeros tres años, y cuántos tendrían que retrasarse hasta que las dos entidades pudieran unirse. Ese detalle es muy esperado por el mercado, a la luz de los comentarios de los analistas; BBVA reflejará todas las cifras en el folleto OPA, que es el documento donde se debe recopilar toda la información sobre la operación para que los accionistas de Sabadell tomen su decisión.

El deseo del grupo vasco, sin embargo, no se pierde por completo ya que Bbva Tiene dos opciones para obtener el veto del gobierno. Dos opciones muy presentes en la entidad. El primero de ellos es garantizar que la Corte Suprema elimine la intervención del gobierno; El segundo, que ocurre un cambio de inquilino en La Moncloa. Sin embargo, son posibilidades que apuntan al mediano plazo.

Recurso para el supremo

El truco supremo es quizás el más rápido, pero eso no indica que pronto se resolverá. El banco decidió el 15 de julio llevar la intervención del Consejo de Ministros antes del Supremo. En realidad, lo que llegó al Tribunal Superior ese día fue el anuncio de apelación de la entidad, que sirve para informar a los tribunales la intención de impugnar una decisión administrativa, en este caso del propio ejecutivo de Sánchez, pero sin proporcionar más razones. Después de esto, la apelación vendrá como tal, que debe especificar la resolución administrativa contra la cual actúa y los argumentos, informa Javier Lillo. Después de esa interposición de la apelación, es normal que el Supremo admita el asunto, en contencioso que el primer filtro siempre se pasa, y le da al gobierno diez días para proporcionar la documentación relacionada con el asunto en cuestión.

Se especula que la resolución del recurso podría ampliarse durante un año o incluso más, con el cual BBVA tendría que soportar el veto ejecutivo a corto plazo. Su deseo es noquear esa intervención y creer que tienen argumentos para lograrla.

Aunque el banco aún no ha hecho público los argumentos de su desafío, BBVA ha estado sosteniendo que el gobierno en realidad no podría actuar de esta manera. El banco tiene varias veces que, en su opinión, el ejecutivo no tiene capacidad legal para hacer que las condiciones de competencia sean más duras, es decir, el Consejo de Ministros solo podría mantener o suavizar lo que el CNMC gobierna.

El razonamiento deslizado por el banco son varios. Por un lado, tal como lo señalan algunos analistas, creen que el espíritu de la ley de la defensa de la competencia sería permitir que el gobierno suavizara las condiciones de CNMC que pudieran tener una operación que tuviera sentido para España, y no en contrario. Por otro lado, indican a la opinión del Consejo de Estado de 2006 antes de la aprobación de esta regulación, según lo publicado por ABC. La opinión de la institución asesora señaló que el gobierno no puede «imponer más condiciones que las previamente establecidas por el consejo de CNMC, para que solo pueda eliminar las condiciones impuestas o suavizarlas». Y enfatizó que esto se «deriva de la lógica del borrador, que comienza a partir de la idea de que el Consejo de Ministros puede autorizar lo que prohíbe la Comisión, pero no puede prohibir lo que ella autoriza».

El gobierno, mientras tanto, señala la gestión totalmente opuesta. En el acuerdo del Consejo de Ministros de Intervención OPA, el gobierno enfatizó que la redacción de la ley les permite establecer condiciones distintas a las de competencia. Para afirmar esto, el gobierno se basa en informes de la defensa estatal y un fallo del Tribunal constitucional de 2014 en el que se afirma que «es consistente que solo el estado puede privar a las decisiones de la Comisión Nacional de Mercados y la competencia que prohíbe o condiciona a una cierta concentración económica, a través de un organismo especialmente adecuado para evaluar los intereses generales de dicha naturaleza, que es el Consejo de Ministros». El ejecutivo interpreta esto como el Consejo de Ministros es «una última instancia de protección, garante de los motivos de interés general».

La otra opción que tiene BBVA es el cambio en el gobierno. En el banco son conscientes de que Pedro Sánchez no será eterno y en algún momento tendrá que haber elecciones, ya sea anticipadas u ordinarias; Según el calendario, las elecciones jugarían en 2027. Para cambiar la señal política del ejecutivo, sería posible para un nuevo inquilino de La Moncloa dejará la intervención del gabinete de Pedro Sánchez.

Sin embargo, existen dudas de que esto ocurre en el caso ya que el OPA en sí, tanto en forma, ha despertado las dudas prácticamente en todo el arco político, desde el PSOE y ADD, hasta PP y VOX. Del mismo modo, sería necesario esperar un poco menos de dos años si las elecciones se celebraran en el momento en que teóricamente corresponde, en 2027.