La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacionalya que excluye a las agencias de inmigración, en lo que representa un avance clave para poner fin al cierre federal parcial más largo en la historia del país.

La medida, que fue aprobada por el Senado el mes pasado y ahora debe ser firmada por el presidente Donald Trump para entrar en vigor, permitirá reanudar las operaciones en áreas esenciales del Departamento, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) o el Servicio Secreto presidencial, según informó la cartera. Ya lleva 75 días sin financiación.

ICE está excluido

El cierre parcial está activo desde el 14 de febrero debido al boicot de los demócratas a la aprobación de unos presupuestos en protesta por la muerte de dos ciudadanos en enero a manos de las agencias de inmigración -dependientes de este Departamento- en el marco de las grandes redadas aprobadas por el Gobierno Trump. De esta manera, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quedan excluidos de la medida de financiación aprobada hoy.

Como señala EFE, el texto aprobado no incluye recursos para la aplicación de leyes de inmigración, lo que supone una importante concesión a los demócratas y una retirada del liderazgo republicano liderado por el presidente de la Cámara, Mike Johnson. Sin embargo, Johnson, que había retrasado el proyecto de ley durante semanas, dijo en una conferencia de prensa posterior que «Los demócratas no obtuvieron absolutamente nada. por su maquinaria política cuidadosamente orquestada.

«Es de vital importancia garantizar que la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley de inmigración continúen hoy y en el futuro, a pesar de los intentos de los demócratas de reabrir nuestras fronteras y proteger de la deportación a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales», afirmó. Cuestionado sobre el retraso en la aprobación del proyecto, el presidente de la Cámara dijo que esto se debe a mala redacción de la primera versión del proyecto de ley, que a su juicio fue redactado de forma «improvisada y desorganizada».