Begoña Gómez ha comparecido ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia anterior protocolo del posible juicio en el que se sentarían en el banquillo la esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Esta audiencia pone fin a la fase de instrucción antes de enviar el caso a la Audiencia Provincial de Madrid para la celebración de juicio con jurado contra los tres acusados ​​por los presuntos delitos de corrupción empresarial, malversación de fondos, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Un hecho que ha reabierto el debate sobre la eficacia de los juicios por jurado popular. La verdad es que algunos de los casos más sonados del país han contado con un jurado popular, y rara vez han estado exentos de controversia.

Una situación que ha provocado que surja la reforma de la ley del Jurado. Una idea que cobró fuerza después de que el Tribunal Superior del País Vasco anulara la absolución y ordenara repetir juicio contra el etarra Mikel Otegi.

De hecho, han intervenido autoridades aún más altascomo la Audiencia de Granada, para disolver jurados ante un veredicto de culpabilidad infundado. Sucedió con un médico procesado por omisión del deber de prestar asistencia.

Su competencia técnica y la formación jurídica de sus miembros son a menudo cuestionadas, porque una de cada cinco sentencias acaban revocadas por el Tribunal Supremo.

Él ejemplo por excelencia es el de Dolores Vázquez, condenado en 48 horas por el asesinato de Rocío Wanninkhof. Pasó 17 meses en prisión hasta que el ADN de Tony King demostró su inocencia.

Un mes de juicio, 130 testigos y peritos y pruebas científicas complejas. La información que tuvieron que procesar quienes juzgaron a los padres de Asunta Basterra fue enorme. Cinco días de deliberación por una condena de 18 años que en este caso confirmó el Tribunal Supremo.

Su defensa, al igual que la de Ana Julia Quezada, cCuestionaron la imparcialidad de un jurado quienes, según ellos, ya tenían una opinión sobre el caso debido a la enorme presión mediática.

Además, consideran que los factores emocionales inevitablemente prevalecen sobre los criterios legales. La defensa de José Bretón lo definió como «crucificado por la sociedad» pese a un fallo unánime y 40 años de prisión ratificada por el juez.

Hay quienes consideran que no están preparados para juzgar determinados delitos por su complejidad técnica, como los casos de corrupción. Tenemos el ejemplo de Francisco Camps, cuya absolución por el conocido como caso del traje no está exenta de polémica.

Los datos son demoledores: Más del 90% de las sentencias son condenas. y se critica que suelen ser más punitivos, aunque hay excepciones como el caso del asesino del llamado crimen Sober, absuelto pese a que sus restos de ADN se encontraban en los elementos del crimen. De ahí el mantra: «Si soy culpable, que me juzgue un jurado. Si soy inocente, que lo haga un juez».

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