El dimisión de José Luis Ábalos El acto de diputado en el Congreso tiene dos consecuencias importantes, tanto a nivel parlamentario como a nivel judicial. En el primer caso, el PSOE recupera un escaño que recaerá en la siguiente persona de la lista socialista por Valencia: Ana María González Herdaro. La complicada aritmética parlamentaria del Gobierno de coalición consigue recuperar algo de oxígeno porque, hasta ahora, una abstención de Junts no sirvió al Ejecutivo para aprobar sus medidas.

Pero sin duda es el aspecto judicial donde más puede cambiar la situación del exministro y exdiputado. Recordemos que Ábalos se enfrenta a dos grandes causas: El caso de las máscaras y el presunto amaño de obras públicas. El Tribunal Supremo se hará cargo de la primera investigación al estar pendiente de juicio el caso en marzo o abril, un caso en el que la Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama.

Fue en este primer caso el que llevó a la situación actual de Ábalos, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre junto a Koldo García después de que acusaciones populares solicitaran esta medida al considerar que había riesgo de fuga. En la cárcel de Soto del Real ambos esperan a ser juzgados, pero hay otro frente judicial aún mayor que ahora puede cambiar de aires.

Un acuerdo del Pleno de la Sala Segunda de 2 de diciembre de 2014 deja claro el escenario para Ábalos en este caso: «En los casos con personas certificadas, la resolución judicial que acuerda la apertura de juicio oral constituye el momento en que queda definitivamente establecida la competencia del tribunal de instancia aunque después de dicha fecha se haya perdido la condición de persona certificada».

Pagos en efectivo, otro frente abierto

Con la pérdida del ancho de Ábalos, Se espera que el Tribunal Supremo envíe el caso a la Audiencia Nacionalque por su naturaleza suele tener plazos más largos Retrasaría la pieza separada de aparejo en obra pública, como en otras causas importantes allí llevadas a cabo como la trama de Kitchen.

Hasta ahora, el juez Leopoldo Puente ha llevado la investigación por la condición de diputado del exministro, al considerar que Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por «concentrarse» en aprovechar la condición del entonces ministro y su «influencia» para «beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como aprovechar para su beneficio económico las oportunidades que se presenten para hacerlo utilizando dicha valiosa influencia».

Esta pieza separada no ha impedido que la Audiencia Nacional lleve a cabo su propia investigación sobre el llamado ‘caso Koldo’, donde hay una pieza que gira en torno a supuestas irregularidades en la compra de mascarillas y el expresidente de Adif ha sido interrogado. Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero sobre presuntas irregularidades en obras públicas.

Además, el magistrado investiga la pagos en efectivo llevadas a cabo por el PSOE entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes ante la sospecha de que el exministro y su entonces asesor pudieran aprovechar la falta de controles en el partido para devolver anticipos con el fin de blanquear el dinero obtenido de sus supuestas actividades ilegales.

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