La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) niega que la reducción de la jornada semanal a 37,5 horas aumente la productividad, como defiende el Ministerio de Trabajo, y señala que, para que España tenga una productividad similar a la media europea, su jornada laboral efectiva debería rondar las 41,2 horas semanales.

En los documentos que CEOE ha remitido a Trabajo con sus consideraciones sobre el anteproyecto de ley de reducción de jornada, a los que ha tenido acceso Europa Press, la patronal destaca que la premisa del Ministerio de que reducir la jornada aumenta la productividad » no se sostiene empíricamente.»

«Los estudios indican que es el aumento de la productividad lo que permite la reducción de la jornada laboral y el aumento de los salarios. En sectores donde la productividad está directamente relacionada con el tiempo de trabajo, una reducción impuesta generará desequilibrios organizativos y un mayor aumento de los costes laborales, lo que se traducirá en una disminución de la productividad», advierte la patronal.

CEOE alega que, desde 2019, la productividad por empleado ha disminuido significativamente en España respecto a su crecimiento en el conjunto de la UE, a lo que hay que sumar que España presenta bajos niveles de productividad respecto a sus socios europeos.

Según la CEOE, en términos comparativos, aquellos países europeos que tienen una jornada laboral efectiva en un rango similar a la de España muestran una productividad significativamente mayor.

«Para tener un nivel de productividad acorde con la media de los países analizados, la jornada laboral efectiva en España debería rondar las 41,2 horas semanales. Por tanto, realizar reducciones de estas jornadas sin incrementos muy significativos de la productividad nos alejaría aún más de los referentes europeos», advierte.

En los documentos remitidos por la patronal a Trabajo, la CEOE señala también que el borrador contiene declaraciones «gratuitas y poco rigurosas» y que confunde la jornada máxima con la jornada pactada.

Así, la patronal señala que el legislador puede limitar la duración máxima de la jornada legal de trabajo, como un «límite insalvable» a tener en cuenta en la negociación colectiva o en los contratos individuales, «pero nunca como un elemento de fijación convencional la jornada laboral.» trabajo acordado».

En este sentido, advierte de que cuanto más se acerca la jornada máxima legal a la jornada realmente pactada, «se reduce» el margen disponible para la negociación, es decir, el margen que dejan los niveles de productividad para que las empresas sean viables, «cuanto más discutible será su ajuste constitucional.»

Por todo ello, considera que la propuesta de Trabajo «constituye una intromisión sin precedentes en la autonomía colectiva y no oculta el objetivo final de cambiar el modelo constitucional de fijación de las condiciones de trabajo por parte de los agentes sociales a través de la negociación colectiva por otro». «intervenido» que contraviene incluso las directrices del Consejo de Europa.

«En la medida en que la propuesta gubernamental intenta incidir, no sólo en la jornada máxima legal, sino en la jornada ya pactada en los convenios colectivos vigentes, la norma afecta al núcleo esencial de la negociación colectiva», critica.

La negociación colectiva ya ha reducido la jornada máxima

Ante la práctica de «satanizar a la empresa como forma de atraer el voto», la patronal destaca en su consideración del anteproyecto que las organizaciones empresariales defienden la reducción de jornada, pero «adaptada a las necesidades de cada sector mediante negociaciones colectivas.

Así, la patronal, citando datos de la estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, destaca que la negociación colectiva ha permitido reducir la jornada máxima de trabajo, llegando a acuerdos que oscilan entre 37,5 y 39,5 horas semanales, dependiendo del sector productivo y Necesidades organizativas de las empresas y de los trabajadores.

En concreto, alega, el 24,78% de los convenios con efectos económicos en 2024 se sitúan en el rango de jornada de 37,5 a 38,5 horas semanales, lo que afecta al 27,98% de los trabajadores acogidos a los mismos, y el 53,95% de los trabajadores tienen una jornada laboral anual pactada. jornada de entre 38,5 y 39,5 horas semanales.

«Esta flexibilidad ha sido crucial para mantener la competitividad empresarial, al tiempo que ha facilitado la conciliación entre la vida laboral y personal de los trabajadores», defiende CEOE, que advierte de que el anuncio de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas «ha frenado la negociación colectiva en sus huellas.»

«Lamentablemente lo anterior es sólo el comienzo. El conflicto laboral será inevitable. El impacto de la ley generará tensiones añadidas en la negociación colectiva y quienes hicieron concesiones en su convenio a cambio de reducciones de jornada exigirán mantener la distancia conseguida», advierte CEOE, que pide que la reducción de jornada sea » cuidadosamente evaluado» para valorar su impacto económico y laboral y teniendo en cuenta la realidad de los distintos sectores.

En este sentido, se queja de que el borrador carece de memoria económica y ofrece «una visión distorsionada del impacto de esta reforma en las empresas». CEOE también cree que es una afirmación «gratuita» decir en el borrador que la actual configuración de la jornada máxima dificulta el cumplimiento del derecho al descanso.

Alega también que la diferencia entre horas pactadas y efectivas es de más de 5 horas «debido al fuerte aumento del absentismo en todos los territorios y sectores» debido al aumento de las incapacidades temporales por enfermedad común.

CEOE afirma que en otros países existen proyectos piloto de reducción de jornada, de adhesión voluntaria o por convenio, acompañados de ayudas públicas para su ejecución, pero «no de imposición legislativa como propone el Ministerio, con medidas de acompañamiento puramente cosméticas que También se ha retirado como castigo.

La patronal denuncia que los laboristas ignoran que algunos países de la UE, como Grecia, han aumentado la duración de la jornada laboral ordinaria. En cualquier caso, precisa CEOE, 25 países de la UE todavía tienen una jornada laboral máxima legal de 40 horas.

Diálogo social “ficticio”

También considera que las reuniones de diálogo social para la reducción de jornada han sido «ficticias, guiadas por un interés exclusivamente mediático del Ministerio y sin intención de transaccionar fuera de los límites marcados por el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar».

En este sentido, denuncia que la acción política «ha ido promoviendo la desnaturalización del diálogo social», convirtiéndolo «en una mera herramienta de comunicación política al servicio de los anuncios del Ministerio de turno, el uso selectivo y a la carta de el diálogo social ya es común y los procedimientos de consulta.

Así, CEOE afirma que en hasta casi una treintena de normas con incidencia en las relaciones laborales se ha omitido «el mandato constitucional de consulta obligatoria» a los interlocutores sociales. Para la patronal, este proyecto es «el último ejemplo de colonización de la autonomía colectiva y también de erosión de la dinámica democrática», afirma la patronal dirigida por Antonio Garamendi.

La patronal no puede entender por qué la reducción de la jornada laboral redunda directamente «en la participación igualitaria de las mujeres» y cómo afecta al progreso «en la lucha contra el cambio climático», como afirma el proyecto. «Es comprensible que se diga que no tiene efectos presupuestarios, dada la resistencia del Gobierno a asumir los costes derivados de la reducción de jornada en los contratos públicos», añade.