La Universidad Complutense de Madrid comunicó al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid la costo exacto del software desarrollado para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva, vinculada a Begoña Gómez, y que es objeto de una investigación judicial. Según documentos enviados al juez Juan Carlos Peinado, el monto total pagado con fondos públicos asciende a 113.509,32€.

El documento, elaborado por el departamento jurídico de la Complutense, precisa que el desarrollo del software tuvo un coste directo de 108.765,79 euros en contratos administrativosa los que se suman algo más de 4.700 euros correspondientes a la jornada laboral y dedicación del personal técnico, administrativo y jurídico de la propia universidad. La institución solicita que estas cifras se mantengan ahora incorporado a la causateniendo en cuenta la posibilidad de que del procedimiento puedan surgir obligaciones financieras.

Distribución del gasto público

La universidad explica que la mayor parte de los gastos provienen de los contratos firmados para el diseño y desarrollo del programa informático de la cátedra. A esta cantidad se suman los Costos internos generados por los distintos servicios universitarios.como intervención, contratos, servicios informáticos, escuela de gobierno y asesoramiento jurídico. Todas estas cantidades fueron acreditado por informes firmados por funcionarios públicos, que ya están bajo el poder del tribunal.

En total, la Complutense cifra el gasto público en algo más de 113.000 eurosuna cantidad que considere relevante a efectos de una posible responsabilidad civil. En su escrito, la universidad destaca que el software fue financiado íntegramente con dinero del establecimiento y que, por tanto, se debe evaluar el posible daño económico causado.

El documento remitido al juez indica claramente que la Complutense no prejuzga el resultado de la investigaciónpero solicita que, en caso de que se declare responsabilidad penal en sentencia firme, el cuantificación del daño económico. El objetivo, según ha indicado, es facilitar una posible solicitud de indemnización, multas o reparación de los daños sufridos.

La universidad recuerda que ya había sido informada formalmente por el tribunal de su condición de posiblemente herido y que ha manifestado su intención de ejercer las acciones civiles que le correspondan si del procedimiento resulta una condena. Por tanto, pide que se mantenga la cantidad reflejado temporalmente en el caso.

Investigación en etapa tardía

La Complutense también pide al magistrado que, si lo considera necesario, oordena un nuevo procedimiento para verificar las cifras proporcionadascomo auditorías adicionales o experiencia adicional. Todo ello, precisa, sin perjuicio de la evaluación definitiva que se realice durante la fase de juicio.

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