«Reiteramos nuestra oposición a la amenaza o al uso de la fuerza y a cualquier acción que no sea conforme con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas». La IV Cumbre de la Comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe (Celac) y la Unión Europea encontró en la ciudad de Santa Marta un denominador posible para referirse a la crisis desatada en el Caribe sur y el Pacífico colombiano con el hundimiento de embarcaciones calificadas de «narcoterroristas» por parte de Estados Unidos. No hizo falta la mención explícita para que el documento final suscrito por 32 de los 33 países de la Celac y los 27 miembros de la UE marcara su distancia crítica de las acciones de Washington que provocaron 70 muertos. El texto alude a la necesidad de tener en cuenta «la igualdad soberana de los Estados», el «respeto a la integridad territorial y de la independencia política», así como «la no intervención en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados» y el «arreglo pacífico de las controversias«. Lo más cerca que estuvo la declaración de los hechos, sin nombrar a la Administración de Donald Trump, quedó plasmado en la «importancia» que la asignó la IV Cumbre a «la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe«. En otro párrafo se destacó el «carácter pacífico» de la región. Los países coincidieron además en «el respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas«.