El Tribunal Supremo decidió no acoger el recurso que el Ayuntamiento presentó contra una sentencia de nulidad de la ZBE. Por lo que a nivel legal se declaró que estas áreas no estaban bien establecidas.

El principal problema al que se enfrentan los jueces es este no se ha realizado ningún estudio una seria pregunta económica sobre cómo estas restricciones han afectado a las personas con menos dinero. Básicamente, se prohibió la circulación de muchos coches sin pensar si sus propietarios podían permitirse el lujo de comprar uno nuevo con etiqueta medioambiental.

La explicación que da el Ayuntamiento de Madrid es que la sentencia no tiene carácter retroactivo. Según la teniente de alcalde de la ciudad, Inma Sanz, el hecho de que se haya aprobado una nueva ordenanza de movilidad significa que se han encubierto errores del pasado. Dicen que, habiendo ya subsanado las deficiencias señaladas por los jueces en la nueva legislación, las sanciones anteriores siguen siendo válidas porque la ley estaba vigente en ese momento. Es decir, el dinero ya está en la caja y no tienen intención de devolverlo.

esta postura Afecta a todos aquellos que recibieron una multa antes del 6 de abril. 2026, fecha en la que el Ayuntamiento marca la línea de demarcación. Todo lo que ocurrió antes se rige por la norma que el Tribunal Supremo anuló, y lo que sucede después ya está en consonancia con la nueva norma correcta.

Sin embargo, para asociaciones como la Asociación de Automovilistas Europeos (AEA), esto es una estrategia para seguir creciendo dinero de una manera que consideran, en el mejor de los casos, dudosa. El Ayuntamiento es ahorrando tiempo y utilizando tecnicismos para no asumir su responsabilidad financiera ante los conductores.

El Ayuntamiento de Madrid afirma que el pronto pago con descuento supone que el automovilista acepta la multa y que el caso queda cerrado. Y una maniobra que pretende proteger los presupuestos municipales a costa del bolsillo de los ciudadanos. La sensación de inseguridad jurídica es total, porque parece que la administración puede cometer errores en la redacción de sus leyes pero las consecuencias siempre corren a cargo del ciudadano.