El audiencia fijada por el juez Juan Carlos Peinado para este Miércoles Santo para seguir adelante con caso de Begoña Gómez Por las diligencias de un jurado popular, ha tenido el mismo resultado que los dos anteriores: los investigados no han acudido, el fiscal y la defensa han solicitado el archivo, mientras las acusaciones populares exigen seguir adelante.

La cita de este miércoles, que ha durado dos horas y media, es la tercera audiencia de estas características que convoca el juez Peinado, tras La Audiencia Provincial de Madrid le instó a acumular todos los delitos que investigaba en un mismo procedimiento y motiva mejor tu apuesta porque es un jurado popular quien, si se trata de juicio, juzga los hechos.

De hecho, esta es la segunda vez que el juez controvertido citado en este caso el Miércoles Santo, después de que el año pasado acudiera a Moncloa para interrogar como testigo al Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Una cita en el palacio presidencial que propició la interposición de los socialistas Dos denuncias contra Peinado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Durante esta Semana Santa, como estaba previsto, ni Begoña Gómez ni los otros dos investigados -su asesor, Cristina Álvarezy el empresario Juan Carlos Barrabés-. Además, según han informado a EFE fuentes jurídicas, los partidos han mantenido sus posiciones anteriores. Mientras que el fiscal del caso y la defensa del imputado han expuesto la ausencia de pruebas para continuar con el procedimiento; Las tesis de las acusaciones populares, unificadas en la organización Hazte Oír, han pedido que se realicen más diligencias.

A su salida de los juzgados, la abogada de Vox, Marta Castro, denunció ante los periodistas que durante esta audiencia tuvieron que «escuchemos los furiosos ataques de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación»al tiempo que criticó la “obstinación” de la Fiscalía en mantener el pedido de archivo porque entendió que no había pruebas.

«Hay evidencia suficiente para pasar a la siguiente fase y que Esto será lo que el juez tendrá que decidir en los próximos días.«, dijo el abogado, y luego agregó que la acusación popular unificada ha solicitado pruebas para completar el análisis del caso.

A punto de cumplir dos años de investigación, el juez Peinado considera que Begoña Gómez se habría aprovechado «su proximidad al presidente del Gobierno, al igual que a su esposa, para ofrecerle favores o influencias a cambio de compensaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional».

En concreto, ve indicios delictivos en la conducta adoptada por Gómez para promover y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madriden sus relaciones con Barrabés -ganador de contratos públicos- y en los trabajos que supuestamente su asesor prestaba a las actividades académicas de la esposa del jefe del Ejecutivo, costeados con fondos públicos. En concreto, investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción empresarial, apropiación indebida e intrusión.

Manos Limpias pide exonerar al asesor de Gómez

Además, este miércoles Manos Limpias, una de las acusaciones populares, ha solicitado el archivo del procedimiento para la asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez, al tiempo que mostró su disconformidad con el jurado popular propuesto por el magistrado. Una cuestión que el ministro Bolaños ha valorado en una publicación en

En concreto, Manos Limpia ha enviado un escrito al juez Peinado en el que no sólo cuestiona la acusación de Álvarezpero también que se investiguen los delitos de intromisión profesional, apropiación indebida o corrupción en los negocios. En cuanto a la asesora, argumenta que obedeció órdenes de su superior jerárquico y se vio así «interferida en las actividades privadas» de Begoña Gómez.

Asimismo, Manos Limpias considera que de los cinco delitos de los que el juez ve indicios, Sólo se deben investigar los de malversación y tráfico de influenciaspero considera imprescindible vincularlos con el delito de prevaricación. La cuestión es que la investigación del delito de prevaricación impediría seguir el procedimiento por parte del tribunal de jurados, porque la ley lo excluye.

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