El Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga bajo secreto de sumario una denuncia presentada el 5 de enero contra el cantante Julio Iglesiasdespués de una investigación conjunta de ‘eldiario.es’ y ‘Noticias Univisión. La denuncia fue presentada por dos ex trabajadores del servicio doméstico de sus residencias en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas), que cuentan todo tipo de abusos y agresiones sexuales cometidos en 2021.

Según lo anunciado en rueda de prensa Enlace de mujeres en todo el mundo y Amnistía Internacional Españala Fiscalía habría decidido tomar declaraciones a los denunciantes y otorgarles la condición de testigos protegidos. Sin embargo, el La Fiscalía no ha confirmado ni desmentido estos extremos.

Fuentes tributarias han señalado a laSexta que, «Dado el carácter secreto de las diligencias de investigación, no vamos a dar ninguna información sobre su contenido ni sobre su desarrollo, hasta que haya una resolución que ponga fin a las mismas, que será comunicada oficialmente». Por lo tanto, todos los detalles sobre la toma de declaraciones y la protección de los denunciantes provienen de las propias organizaciones y no han sido confirmados por la Fiscalía.

Denuncia y delitos

La denuncia detalla hechos ocurridos entre enero y octubre de 2021 e incluye presuntos delitos de:

• trata de personas
• Imposición de trabajos forzosos y servidumbre
• Acoso sexual
• agresión sexual
• Lesiones
• Violación de los derechos de los trabajadores

De acuerdo a Joavana Ríosdirector ejecutivo de Enlace de mujereslos querellantes se enfrentan a un imputado con «un poder distinto al suyo, derivado de su influencia y capacidad económica», y por eso solicitaron medidas de protección

Por su parte, Gema Fernándezabogado de los denunciantes, explicó que en 2021 Julio Iglesias usó su poder para realizar explotación laboral y sexualy Las personas que trabajaban allí estaban al tanto de la situación.. «La presencia de tres personas con una jerarquía de poder aumentó la presión psicológica y limitó la capacidad de oposición o resistencia», señaló. Fernández ha detallado que sería trata de seres humanos para trabajos forzados y servidumbreademás de acoso y agresiones sexuales, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.

«La ley española permite investigar determinados delitos, incluso si han sido cometidos fuera del territorio nacional, especialmente cuando hay violaciones de derechos humanos, existe la nacionalidad del imputado y los hechos no han sido investigados en los países donde ocurrieron», añadió Fernández.

Eliana Alcaláasociada jurídica de Enlace de Mujeres, ha enfatizado que acompañar a las víctimas puede generar transformaciones sistémicasincluidas medidas de no repetición y reparaciones. «El Estado español tiene la obligación de ejercer su jurisdicción respetando los derechos humanos. Las fronteras no pueden convertirse en un muro que legitime la impunidad», aseguró. También ha subrayado que es imprescindible que el Estado adopte Medidas preventivas específicas contra la trata de personas y la violencia sexual que afectan a las mujeres migrantes..

Virginia Álvarezjefe de investigación de Amnistía Internacional, ha destacado que la situación de las denunciantes refleja un patrón global: «Lo que les pasó ha sucedido en otros países, afectando a mujeres vulnerables. Es necesario tener una marco legal sólidoespecialmente en sectores precarios afectados por las políticas migratorias.»

Medidas de protección solicitadas

Durante la conferencia de prensa, ríos ha explicado que las medidas exigidas incluyen:

• Evitar cualquier contacto directo entre los denunciantes y familiares del acusado..
• Proteger la privacidad de Rebeca y Laura y evitar la difusión de información que pueda identificarlas.
• Garantizar que la declaración ante la Fiscalía se realice en condiciones adecuadasevitando la revictimización y teniendo en cuenta sus circunstancias personales.
• Proteger a los trabajadores que actualmente están empleados por el acusado contra posibles represalias..

Ríos ha confirmado que dos de estas medidas ya estarían en marcha según las organizaciones: la Fiscalía tomaría declaraciones a los denunciantes y les hubiera dado la estado de testigo protegido.

Respecto a la declaración, los peritos han matizado que no hay fecha programada y que la Fiscalía podría recurrir a medios telemáticosalgo común en este tipo de casos.

Investigación y pruebas

En cuanto a la informes medicos y ginecologicosorganizaciones han señalado que estos pueden servir como indicación de la imposición de condiciones laborales abusivas y posibles agresiones sexualescomo se ha visto en casos anteriores.

Los denunciantes también informaron que fueron seleccionados y trasladados bajo un Patrón de aislamiento, engaño, amenazas y abuso de poder.sin conocimiento previo de las condiciones de trabajo o del ambiente de acoso. No tenían contrato, control de comunicaciones y fueron objeto de malos tratos, acoso y agresión sexual, según las organizaciones.

Búsqueda de justicia y visibilidad

Women’s Link y Amnistía Internacional han destacado que su objetivo es dar visibilidad a la denuncia y crear un Altavoz para que otras víctimas potenciales encuentren apoyo.incluso aquellos que aún no se han atrevido a denunciar.

Cuando se les preguntó si conocían más víctimas, respondieron: «Sí, otras mujeres nos han contactado, pero no vamos a dar más información para protegernos”.

Finalmente, los expertos esperan que este caso se sienta como un importante precedente legalincorporando la explotación en domicilios privados, incluso cuando sean ejercidos por figuras públicasy garantizando sanción y reparación a las víctimas sin importar dónde ocurrieron los hechos.

016, teléfono contra la violencia machista

016 sirve a todos víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, así como el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es; También se atiende a través de WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden contactar con el teléfono de Fundación ANAR 900 20 20 10.

en uno situación de emergencia, Puedes llamar al 112 o a los números de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y si no puedes llamar puedes utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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