La defensa del ex subdirector operativo de la Policía Nacional, el ex DAO José Ángel González, ha avanzado en una dirección clara: desacreditar a las mujeres quien lo ha denunciado por un presunto caso de agresión sexual.

Según un documento al que ha tenido acceso laSexta, su estrategia de defensa pasa por intentar explicar los audios grabados y aportados como «pruebas imprescindibles» en el caso que el juez ya investiga. Una grabación en la que se describiría la agresión sexual, pero que los abogados del exDAO definen como «un ataque de celos y una clara demanda de atención» por parte de la mujer. En ningún caso entienden que de los audios se pueda derivar un delito de agresión sexual.

Según su argumento, tanto en la denuncia interpuesta como en las distintas comparecencias ante los medios, el abogado de la víctima «ha mostrado su relato de los hechos». Es decir, ha hablado de un «hipotético escenario de ‘constante negativa y presión’ por parte de don José Ángel González para mantener relaciones sexuales». Sin embargo, entienden algo muy diferente: «Lo que realmente surge del audio es una conversación típica de una relación personal en el que existe un ataque de ‘celos’ y una clara demanda de atención» por parte de la exDAO.

Es más, llegan a asegurar que “en ningún momento el audio revela una situación de miedo, ni de imposibilidad de separarme de mi cliente, ni de sometimiento”. Sino, «más bien el supuesto malestar que siente por no ocupar el lugar que le gustaría en la vida personal del Subdirector Operativo».

Y todo ello, enmarcado dentro de los celos que podría provocar la existencia de una tercera persona. O como dice el escrito: «Esta exigencia de la presunta víctima de controlar las llamadas y la sospecha sobre la posible existencia de una tercera persona corresponde a un episodio de celos y control ejercido por la denunciante, y no a la supuesta escena de presión o coacción que se pretende atribuir a mi cliente».

Pero no sólo eso, porque la defensa de González también ha pedido al juez que le investiga por agresión sexual que pregunte directamente a la Subdirección General de Recursos Humanos de la División de Personal de la Policía Nacional si la inspectora que lo denunció eligió libremente su destino en este organismo. Por ello, quiere desvincular ese destino de la «dinámica de presión» que la denunciante atribuye a su cliente.

En resumen, la defensa de Gonzáles busca desmontar las pruebas principales al entender que lo que se escucha en la grabación «no encaja con la versión mantenida en la denuncia». Porque «lejos de reflejar una negativa en todo momento por parte del denunciante, una imposibilidad de abandonar el lugar o un contexto de sumisión constante, lo que se desprende de la literalidad de la conversación son reproches de celos y exigencias de atención».