El coste para el erario público derivado de los impagos en premios internacionales de las energías renovables sigue disparándose. Según documentación facilitada por los acreedores afectados a este medio, la deuda total ligada a estos procedimientos se ha encarecido en 101 millones de euros adicionales sólo por la acumulación de intereses de demora durante el último periodo analizado.

El importe del principal pendiente de pago, correspondiente a compensación dictado en arbitraje preceptivo para España, asciende ya a 1.748,5 millones de euros. A esta cifra se suman casi 300 millones en intereses de demora acumulados -exactamente 297,6 millones- como consecuencia de la decisión del Estado de seguir litigando y no proceder al pago de la indemnización ordenada por el tribunales internacionales.

Cabe recordar que la cifra del importe adeudado por intereses de demora no es estático: aumenta cada día y se ha visto acelerado por la contexto financiero actual, con tipos de interés superiores a los vigentes cuando comenzaron a conocerse las condenas, hace seis años, lo que incrementa la factura total.

Los acreedores recuerdan que desde mayo de 2023 vienen advirtiendo sobre este problema, cuando los intereses acumulados por los primeros 18 frases firmes Se situaron en 103,8 millones. Dos años y medio después, estos mismos procesos suman ahora 248,7 millones, un aumento de 145 millones en ese subconjunto de laudos arbitrales. Si, además, consideramos las 10 sentencias que se han dictado desde entonces, encontramos que el coste total se acerca ya a los 298 millones.

La siguiente tabla desglosa los frases firmes y los intereses de demora vinculados a cada una de estas decisiones:

El documento calcula que, de abril de 2023 a diciembre de 2025, los intereses acumulados por el gobierno de Pedro Sánchez han crecido a un ritmo de 207.158 euros diarios, lo que equivale a 144 euros por minuto. Para evitar este continuo deterioro, las empresas afectadas reiteran su voluntad de alcanzar un acuerdo con el Reino de España que ponga fin a la larga saga litigiosa y restablezca un marco de seguridad jurídica que fomente la inversión internacional, seriamente erosionada desde los recortes retroactivos a las primas de las renovables.