El Gobierno de Pedro Sánchez, con su decisión de negarse a pagar los laudos que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas de las renovables, ha inflado 533 millones de euros el costo de estos litigios internacionales, disparando hasta 2.3 mil millones La factura se acumula por una polémica que afecta a 27 inversores y empresas extranjeras.

La saga comienza con la concesión de generosos incentivos fiscales y regulatorios a la energía verde y continúa con el estallido de la Gran recesión. La crisis sumió a España en una situación financiera insostenible y, entre 2010 y 2014, los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy emprendieron diversos cambios que Revocaron las condiciones anunciadas originalmente.

esta circunstancia dio lugar a innumerables quejas ante tribunales de arbitraje internacional. Las empresas que padecían esta situación de inseguridad jurídica alegaban que España era país firmante del Tratado sobre la Carta de la Energía y, por tanto, no sólo estaba obligada a ofrecer un marco estable para sus inversiones sino que también estaba sujeta al fallo de organismos como el Ciadi en el caso de que la controversia no pudiera resolverse amistosamente.

A falta de acuerdo, los acreedores acudieron efectivamente al CIADI, un organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial, donde obtuvieron numerosos fallos favorables. Sin embargo, el gobierno de Sánchez ha optado por no pagar la mayoría de estos laudos, a excepción de algunos acuerdos puntuales, como el que puso fin al litigio iniciado por el JGC japonés.

El saldo acumulado en las 27 sentencias que quedan pendientes de pago asciende a 1.754 millones de euros. Sin embargo, la estrategia del Gobierno de Sánchez de incumplir los laudos ha traído consigo un sinfín de sobrecostes judiciales y económicos que han incrementado la factura pendiente hasta más de 533 millones de euros adicionales. Así, en febrero de 2026 se superará el umbral de los 2.300 millones.

Embargos y litigios internacionales

Apoyándose en las normas del CIADI, las empresas que no han quedado satisfechas con el pago de las indemnizaciones han optado por llevar a España a los tribunales de países como Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña o Bélgica. Para exigir el cumplimiento de las sentencias, han activado procedimientos de embargo que han afectado a bienes del Reino de España, como la sede del Instituto Cervantes en Londres o una cuenta bancaria con un saldo de 482 millones de euros.

Los procesos judiciales más avanzados son los que se están desarrollando en Estados Unidos y Australia. El poder judicial norteamericano ha cerrado la puerta al gobierno de España y ha saldado numerosos procesos a favor de los acreedores, de modo que el Gobierno de Sánchez ha quemado su último cartucho pidiendo ayuda al Tribunal Supremo. En el país oceánico, el Tribunal Superior ha fallado en contra del Reino y ha apoyado a los acreedores, legitimar posibles embargos sobre activos como la filial australiana de Navantia.