La estrategia defensiva del fiscal general por la filtración contra el novio de Ayuso fractura la cúpula de la Fiscalía
La causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una supuesta revelación de secretos con trasfondo político –se trata de aclarar si él mismo filtró, u ordenó filtrar información sobre una causa por fraude a Hacienda abierta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– va más allá de suponer un hecho sin precedentes en nuestra democracia, con la imagen del principal garante de la legalidad entrando a declarar en calidad de investigado en una causa penal. También está teniendo una importante incidencia en el seno de la Fiscalía, evidenciada por la carta que le remitieron este viernes 13 miembros de la Junta de Fiscales de Sala, un órgano que integra a los máximos responsables del Ministerio Público en nuestro país.
La misiva utiliza términos muy duros para criticar la decisión adoptada por García Ortiz de no responder a las preguntas del instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, alegando la nulidad de los indicios basados en el registro de su despacho y la incautación de sus dispositivos electrónicos y los de la también imputada fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, realizados por la Guardia Civil el pasado 31 de octubre. Considera que el registro vulneró sus derechos fundamentales.
Un tercio de los 35 miembros -uno más si se cuenta al fiscal general- de la Junta de Fiscales de Sala consideran que decisión de guardar silencio ante el juez supone un punto de no retorno en todo lo ocurrido hasta el momento en relación con este asunto y llegan a afirmar que «la comparecencia del Fiscal General del Estado para declarar como investigado en el Tribunal Supremo negándose a responder a las preguntas del Magistrado Instructor es impropia de un Estado Democrático de Derecho«. Por ello instan su dimisión, algo que viene reclamándose desde antes del inicio de esta causa, y de forma reiterada, por la mayoritaria Asociación de Fiscales.
La realidad es que muchos de los que firman la carta y piden la renuncia de García Ortiz pertenecen a dicha asociación, pero la importancia estriba en que su reclamación la realizan ahora desde su puesto de fiscal de Sala, la categoría más alta de la carrera. Que la misiva no haya sido apoyada por la mayoría de los funcionarios que integran este órgano evidencia, no obstante, la fractura de la cúpula fiscal en relación con este asunto. Entre los firmantes, dos ex fiscales generales, Consuelo Madrigal y María José Segarra. Esta última pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, de la que fue portavoz el propio García Ortiz, y fue impulsada a la Fiscalía General por la que fuera ministra de Justicia Dolores Delgado, predecesora del actual fiscal general en el cargo.
Estrategia ofensiva
Por su parte, García Ortiz no parece que tenga intención de atender la reclamación de los 13 fiscales de Sala. Tras conocerse el contenido de la carta, fuentes de su entorno se apresuraron a manifestar que García Ortiz expresaba «su absoluto respeto al proceso, sin que factores externos deban interferir«. Se colocaba así frente a los miembros de la Junta que reclaman que de un paso al lado, considerando su postura un intento de interferir.
Durante su declaración del pasado miércoles García Ortiz únicamente respondió a su abogado y realizó un pormenorizado relato de los hechos que rodearon a la nota de prensa que dio origen a este proceso, para cuya elaboración reclamó los correos electrónicos que se habían intercambiado la defensa del empresario Alberto González Amador y la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. La finalidad era desmentir lo que desde Fiscalía General denominan «un bulo» sobre de quien partió la posibilidad de un pacto y la existencia de una presión «desde arriba» dirigida a invalidarlo. Negó estar detrás de ninguna filtración.
Pero además de explicar su versión, García Ortiz fue más allá y fue al choque directo con el juez Hurtado, al que dijo que parte de una premisa que «no le permite ver la verdad sobre lo sucedido». Para justificar por qué no respondía, manifestó que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aún no ha resuelto sobre la nulidad del registro de su despacho que Hurtado ordenó, una diligencia que considera vulnera sus derechos fundamentales y no tiene precedente en Europa. Lo considera un allanamiento.
En este punto, García Ortiz desveló su nueva estrategia de defensa, ya que, de confirmarse por la Sala la decisión de Hurtado al ordenar el registro de su despacho e incautar sus teléfonos móviles–algo que tuvo resultado negativo, al haberse borrado todos los mensajes en los días investigados– su abogado podrá acudir ante el Tribunal Constitucional para instar que declare expresamente que los derechos del fiscal general del Estado se vieron vulnerados.
La Abogacía del Estado apunta incluso a cuáles serían esas vulneraciones: las de los artículos 18 (inviolabilidad del domicilio) y 24 (tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos). De producirse finalmente este movimiento, la causa contra el fiscal general del Estado dependería en gran medida de lo que establezca un Tribunal Constitucional con mayoría progresista.
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