Él tratado de libre comercio entre la Unión Europea y la Mercosurpresentado por la Comisión como un hito «histórico» tras más de 25 años de negociaciones, acaba de cumplir su primer gran obstáculo legal. Apenas cuatro días después de la firma en Asunción (Paraguay) del acuerdo que promete crear una de las mayores zonas económicas del mundo, el Parlamento Europeo ha decidido remitir el pacto a la Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar su compatibilidad con los Tratados, lo que en la práctica paraliza todo el proceso de ratificación.

La iniciativa, impulsada por la izquierda europea, salió adelante este miércoles por un margen mínimo: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Una segunda propuesta similar, pero impulsada por el grupo Patriotas por Europa -del que forma parte Vox- fue rechazada por una amplia mayoría, con 402 votos en contra frente a 225 a favor.

La decisión supone que el Parlamento no podrá pronunciarse sobre la aprobación del tratado hasta que el TJUE emita su dictamen sobre el acuerdo de asociación (EMPA) y el acuerdo comercial interino (iTA). El trámite, según datos del propio tribunal, suele durar entre 18 y 24 mesesaunque puede acelerarse si el tribunal lo considera prioritario.

El origen del conflicto: la división del tratado

En el centro de la polémica está la estrategia de la Comisión dividir el pacto en dos instrumentos legales:

• a Acuerdo de asociación (EMPA), que incluye la cooperación política y requiere la ratificación de todos los parlamentos nacionales;

• y un Acuerdo comercial provisional (iTA), que se presenta como competencia exclusiva de la UE y sólo podría aprobarse con una mayoría cualificada en el Consejo y la aprobación del Parlamento Europeo.

Varios eurodiputados consideran que esta fragmentación viola el mandato de negociación original aprobado por el Consejo en 1999 y reafirmado en 2018, que contemplaba un acuerdo mixto en su conjunto. Si esta interpretación tiene éxito, la Comisión estaría eludiendo el derecho de veto de los Estados miembros y de sus parlamentos nacionales en una parte sustancial del Tratado.

El mecanismo de reequilibrio: el punto más sensible

Pero la principal preocupación jurídica se centra en el llamado mecanismo de reequilibriouna cláusula diseñada en principio para proteger a los agricultores europeos. Implica que, si una de las partes aprueba una ley o medida que reduce en gran medida los beneficios comerciales que la otra esperaba del acuerdo, la parte perjudicada puede pedir compensación o imponer contramedidasincluso si esa ley es legal y no viola el tratado.

Varios eurodiputados temen que este mecanismo pueda limitar la Autonomía regulatoria de la UEdesalentar la aprobación de normas ambientales, de salud o de protección del consumidor o permitir represalias comerciales contra la legislación climática o de seguridad alimentaria.