En concreto, las cláusulas autorizar a la Comisión a suspender la exención arancelaria de productos considerados sensibles (los que también se producen en Europa) cuando los precios caen más de un 5% respecto a la media de los últimos tres años. A su vez, el paquete incluye la obligación -por parte del Ejecutivo comunitario- de vigilar las importaciones y de actuar en un plazo máximo de 21 días en caso de que algún sector en Europa esté en peligro, así como la inclusión de los cítricos en la categoría de productos sensibles. La suspensión de las importaciones de bienes que no hayan sido producidos con los mismos estándares de calidad que prevalecen en la UE no está en la lista -como ya explicó ABC, porque era una petición quimérica del Parlamento-, pero sí hay una declaración de Bruselas en la que se compromete a avanzar en esa dirección; sin dar demasiados detalles de cómo se hará.

A partir de entonces, el Parlamento Europeo poco más podrá hacer para frenar el pacto comercial o imponer condiciones, ya que la semana pasada una mayoría formada por los partidos más de derecha e izquierda, junto con una escisión no despreciable de los populares (los franceses, por ejemplo), votaron a favor de llevar el acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de la UE para examinar su legalidad, algo que obliga a la sala a esperar la respuesta del alto tribunal para dar su consentimiento definitivo al texto.

Los grupos anti-Mercosur celebraron esa votación, que entendieron paralizaría el proceso por mucho tiempo ya que el fallo judicial podría tardar hasta dos años en llegar. Sin embargo, y según informó a este diario Gabriel Mato, responsable de Comercio del Partido Popular en Estrasburgo, en la práctica esto dejó a la legislatura atada de pies y manos, ya que legalmente la Comisión puede activar el acuerdo comercial de forma provisional. Antes de que el Parlamento Europeo enviara el texto al TJUE, todo hacía indicar que Bruselas iba a esperar a que los eurodiputados lo votaran -previsiblemente, en junio- para dar ese paso; Según los populares, esto les dio un margen de que ya no tienen para imponer sus condiciones y seguir negociando. Sea como fuere, lo cierto es que en este momento todo depende de la decisión que tome Von der Leyen. Si se ignora la cámara, se acabó el choque entre instituciones.