La relación entre el Gobierno y sus socios parlamentarios atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la legislatura. Los distintos casos judiciales que afectan al entorno del PSOE han provocado una cambio gradual en el discurso de los aliados de Pedro Sánchez, que pasaron de denunciar posibles maniobras de «bien«Admitir abiertamente la seriedad política de las investigaciones.

El cambio de tono ocurrió gradualmente. En febrero de 2024, cuando fue detenido el entorno más cercano al exministro José Luis Ábalos, la reacción de los socios se limitó a pedir explicaciones al PSOE y reclamar celeridad en las investigaciones. «Un protocolo de velocidad adicional» cualquiera «tengo que dar explicaciones«fueron algunas de las primeras reacciones de la ciudadanía, mientras el Ejecutivo intentaba contener el desgaste político.

En aquel momento, la estrategia de los aliados parlamentarios era dejar todas las responsabilidades en manos del PSOE y evitar romper con el Gobierno. Incluso cuando se consultaron al secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, el apoyo siguió siendo visible.

«Cerdán da explicaciones«, se defendieron desde Sumar, donde insistieron en que siempre fue «Difícil discernir la verdad de las mentiras.«Porque, afirmaron, sólo había indicios.

El informe de la UCO cambia las reglas del juego

La situación comenzó a tensarse con la publicación de los informes de la Unidad Central Operativa (COU), cuando varios socios comenzaron a admitir públicamente el «seriedad manifiesta«del asunto. A partir de ese momento, el tono político cambió y las exigencias al PSOE comenzaron a endurecerse.

Pese a ello, la mayoría de aliados siguen evitando, de momento, una ruptura con el Ejecutivo. Algunos reconocen que sólo se plantearían retirar su apoyo si las investigaciones llegaran a su fin un nivel más alto. “Si esto degenera y hablamos del PSOE Gurtel”, deslizan algunas voces parlamentarias al fijar su línea roja.

Dentro del gobierno, son conscientes de que el desgaste político ya afecta directamente a la estabilidad parlamentaria y que la presión sobre los socios aumenta cada día. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado buena parte de su estrategia en designar precisamente a quienes siguen apoyando al Ejecutivo. “Los socios deben darse cuenta de ello”, repite el dirigente popular.

La suma toma distancia y el PP aumenta la presión

También se observa malestar dentro de la coalición. Desde Sumar admiten que el caso afecta políticamente al gobiernoaunque intentan limitar las responsabilidades al anterior periodo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. «Este es un Gobierno que acabó en 2023», declaró el ministro Ernest Urtasun Santiago, mientras la formación recuerda que no formó parte del Ejecutivo durante parte de los hechos investigados.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, también se desmarcó y reconoció que “En este caso no podemos hablar de lawfare«.

Mientras tanto, el PP sigue aumentando la presión sobre partidos como el PNV o Junts ante una hipotética moción de censura, aunque ambos partidos siguen descartando esta posibilidad.

Desde Junts, Míriam Nogueras insistió en que «el PSOE debe dar explicaciones», aunque evitó ir más allá.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró por su parte que los socios «no romperán en vida con la corrupción gubernamental porque son parte de ella».

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