Los incendios que durante julio de 2026 han golpeado provincias como Almería, Madrid, Guadalajara o Ávila han vuelto a poner de manifiesto la enorme vulnerabilidad de España frente a los grandes fuegos forestales. Miles de hectáreas calcinadas, evacuaciones masivas, importantes daños materiales y un elevado coste para las administraciones públicas y la economía local han reabierto un debate que cada verano regresa con fuerza. ¿Estamos ante una consecuencia inevitable de condiciones meteorológicas extremas, como desliza frecuentemente la izquierda política y mediática, o más bien ante el resultado de décadas de malas decisiones políticas en materia de gestión forestal?

En lo que al gobierno respecta, el debate medioambiental suele centrarse en el ‘cambio climático’ como tema abarcador al que aludir cada vez que el fuego está fuera de control. Sin embargo, esta discusión deja en un segundo plano una cuestión esencial: el coste económico de no prevenir y el efecto de una mala gestión de los fuegos. Las estimaciones publicadas en 2025 sitúan el impacto económico agregado de los grandes incendios que sufrió España el pasado curso en torno a los 10.000 millones de euros, cifra que agrega los gastos de extinción, restauración ambiental, reconstrucción de infraestructuras, ayudas públicas, pérdidas patrimoniales y el daño sufrido por actividades como la agricultura, la ganadería o el turismo. Es cierto que no existe una estimación oficial única para esta cuestión, pero resulta indiscutible que cada gran incendio moviliza cientos de millones de euros de recursos públicos y privados.

Los precedentes recientes ayudan a entender esa dimensión. Tras la devastadora campaña de incendios que asoló Galicia hace ahora algo menos de un año, la Unión Europea aprobó una ayuda extraordinaria de 120,55 millones de euros con cargo al Fondo de Solidaridad para contribuir a sufragar parte de los gastos de emergencia y recuperación asumidos por España. Paralelamente, el Ministerio para la Transición Ecológica destinó 34,5 millones de euros adicionales a actuaciones de restauración hidrológico-forestal en las zonas afectadas. Ninguna de estas partidas incluye la mayor parte de las pérdidas soportadas por propietarios, empresas o explotaciones agrarias, ni el impacto derivado de la interrupción de la actividad económica. Y es que el impacto trasciende, con mucho, el ya de por sí elevado coste de apagar las llamas.

Sin restar importancia a contar con más medios humanos y materiales, numerosos ingenieros forestales, propietarios, organizaciones agrarias y expertos en gestión del territorio vienen defendiendo desde hace años que el verdadero problema comienza mucho antes de que aparezca el primer foco. En otras palabras, la cuestión no es únicamente cuántos recursos destinamos a apagar los incendios, sino por qué nuestros montes llegan a acumular tal cantidad de combustible vegetal que cada vez resulta más difícil intervenir sobre ellos para reducir este tipo de riesgos.

En agosto de 2025, el vicepresidente de Asaja, Juan Luis Delgado, resumía este diagnóstico en una entrevista concedida a esRadio al señalar tres factores que, a su juicio, explican el agravamiento de los incendios: «el despoblamiento del medio rural, el retroceso de la ganadería extensiva y una burocracia cada vez más compleja que dificulta la gestión activa de los montes». Su análisis coincide con una idea ampliamente compartida por numerosos profesionales del sector: el abandono del territorio no responde únicamente a cambios demográficos, sino también a un marco regulatorio que ha ido reduciendo los incentivos económicos para mantener los espacios forestales en condiciones adecuadas.

Durante generaciones, los montes españoles permanecieron relativamente limpios porque constituían una fuente de riqueza. La explotación maderera, la extracción de resina y corcho, la producción de biomasa y, especialmente, la ganadería extensiva permitían obtener un rendimiento económico mientras reducían de forma constante la acumulación de matorral y vegetación seca. Cabras, ovejas y vacas desempeñaban una labor preventiva que hoy tendría un elevado coste si hubiera de realizarse exclusivamente mediante medios mecánicos financiados con dinero público. La prevención descansaba, en buena medida, sobre la existencia de actividad económica en el medio rural. Sin embargo, ese equilibrio se ha ido rompiendo progresivamente. El envejecimiento de la población rural, el abandono de explotaciones tradicionales y la creciente complejidad normativa que lastra al sector primario han reducido la presencia humana en el monte y dificultado muchas de las labores de gestión forestal que antes se realizaban con normalidad. Podas, desbroces, aprovechamientos forestales o el propio pastoreo enfrentan hoy un sinfín exigencias administrativas, autorizaciones ambientales y restricciones normativas. El resultado es un territorio menos gestionado, con una acumulación creciente de biomasa y, por tanto, mucho más vulnerable cuando se produce una negligencia, un accidente o un incendio provocado.

Cuando la burocracia deja los hidroaviones en tierra

La importancia de la prevención no significa, sin embargo, que los medios de extinción dejen de ser decisivos. Al contrario. Cuando un incendio supera las primeras fases, la rapidez de respuesta resulta fundamental para evitar que un foco inicial termine convirtiéndose en una catástrofe de miles de hectáreas. Precisamente por ello llama la atención una situación que Libre Mercado ha podido conocer durante las últimas semanas. Y es que, mientras distintos incendios avanzaban simultáneamente por la Península, dos aviones anfibios Canadair Super Scooper permanecen estacionados en el aeropuerto de Salamanca, sin participar en las labores de extinción. Se trata de aeronaves propiedad de la compañía estadounidense Bridger Aerospace y operadas en Europa por Avincis, grupo especializado en servicios aéreos de emergencia.

Los Super Scooper figuran entre los medios aéreos más eficaces para combatir incendios forestales. Cada aparato puede cargar aproximadamente 6.000 litros de agua en apenas unos segundos aprovechando embalses, ríos o zonas costeras, lo que les permite realizar ciclos continuos de descarga allí donde otros medios necesitan regresar a una base para repostar. En grandes incendios, donde los primeros minutos suelen determinar la evolución del fuego, disponer de aeronaves adicionales puede marcar la diferencia entre controlar un foco o enfrentarse a una emergencia de enormes dimensiones. Según fuentes familiarizadas con la operativa de estas aeronaves, ambos aviones se encuentran plenamente disponibles para intervenir; sin embargo, pese a permanecer estacionados en territorio español y listos para despegar, continúan sin recibir encargos para participar en operaciones de extinción.

Las mismas fuentes atribuyen esta situación a una combinación de factores administrativos y políticos. Según explican, España apenas mantiene operativos seis de sus catorce aviones anfibios de titularidad estatal, mientras los ocho restantes permanecen inmovilizados por labores de mantenimiento o reparación. En ese contexto, las autoridades serían reacias a contratar los dos Super Scooper disponibles en Salamanca porque ello pondría de manifiesto la necesidad de recurrir a aeronaves que, años atrás, pertenecieron a la propia flota pública, antes de ser vendidas.

Si esta explicación fuera correcta, la paradoja serían difícil de ignorar. Mientras una parte de la flota estatal permanece fuera de servicio y las comunidades autónomas afrontan algunos de los incendios más graves de los últimos años, dos aeronaves plenamente operativas continúan inmovilizadas por razones ajenas a su capacidad técnica. Hasta el momento, ninguna de las Administraciones implicadas ha explicado públicamente por qué estos medios no han sido movilizados.

No deja de resultar llamativo que esta situación se produzca al mismo tiempo que el Estado realiza un importante esfuerzo presupuestario para reforzar los medios de extinción. El Ministerio para la Transición Ecológica adjudicó recientemente 187,7 millones de euros en contratos destinados a garantizar la disponibilidad de medios aéreos de lucha contra incendios durante el periodo 2025-2027. Se trata de una inversión plenamente justificada, si se tiene en cuenta el enorme impacto económico de los grandes incendios. Pero, precisamente por ello, resulta aún más difícil comprender que recursos plenamente operativos puedan permanecer inactivos cuando existe una necesidad evidente de reforzar los dispositivos desplegados sobre el terreno.

La contradicción refleja un problema recurrente de las políticas públicas. Con frecuencia se debate sobre cuánto dinero destinar a un determinado servicio, cuando la cuestión verdaderamente decisiva es cómo se gestiona ese gasto. En materia de incendios forestales, la eficacia no depende únicamente del presupuesto disponible, sino también de la capacidad para movilizar con rapidez todos los recursos existentes y eliminar los obstáculos administrativos que retrasan su utilización.

El coste de abandonar el monte

El caso de los hidroaviones constituye únicamente una manifestación de un problema mucho más amplio. La prevención de los incendios no comienza cuando despega el primer Canadair, sino años antes, mediante una gestión constante del territorio que reduzca la cantidad de combustible disponible para alimentar las llamas.

Durante buena parte del siglo XX, esa función recaía en miles de propietarios, agricultores, ganaderos y explotaciones forestales que obtenían un rendimiento económico del monte. La madera, la resina, el corcho, la leña o el pastoreo no sólo generaban riqueza y empleo; también mantenían el paisaje en condiciones mucho más resistentes frente al fuego. La limpieza del monte era, en gran medida, el resultado de la actividad económica cotidiana y no exclusivamente de programas públicos de prevención.

Ese modelo ha ido desapareciendo progresivamente. La despoblación rural ha reducido la presencia humana en amplias zonas forestales, mientras numerosas actividades tradicionales han perdido rentabilidad o han visto aumentar considerablemente su carga regulatoria. El resultado es un paisaje muy distinto al de hace apenas unas décadas: menos personas viviendo del monte, menos aprovechamientos productivos y una acumulación creciente de matorral y biomasa que convierte cualquier chispa en una amenaza potencial.

Desde un punto de vista económico, el problema puede describirse como una pérdida de incentivos. Cuando el monte deja de generar rentas, también disminuye el interés por invertir recursos privados en su mantenimiento. Allí donde antes existía una vigilancia permanente ejercida por quienes obtenían ingresos del territorio, hoy predominan espacios mucho menos gestionados cuya conservación depende cada vez más de la intervención administrativa.

No se trata de una cuestión meramente presupuestaria. La propia regulación condiciona en muchos casos la capacidad para actuar antes de que aparezca el incendio. Organizaciones agrarias, asociaciones de propietarios forestales y numerosos ayuntamientos llevan años denunciando la complejidad de los procedimientos necesarios para ejecutar labores preventivas como desbroces, podas, apertura de cortafuegos o determinados aprovechamientos forestales. Actuaciones que históricamente formaban parte del mantenimiento ordinario del monte pueden requerir hoy autorizaciones, informes ambientales y trámites que retrasan o desincentivan su ejecución.

Conviene subrayar que estas normas persiguen objetivos de conservación del patrimonio natural que pueden parecer justificados. Sin embargo, cuando la regulación dificulta de forma desproporcionada la gestión activa del territorio puede producir un efecto contrario al buscado. Un monte donde resulta cada vez más complicado retirar biomasa, mantener el pastoreo o realizar tratamientos selvícolas preventivos termina acumulando una cantidad de combustible que favorece incendios mucho más intensos y destructivos.

En este punto aparece otro debate que rara vez ocupa el centro de la discusión pública. Durante años ha ganado peso una visión izquierdista del ecologismo que identifica la intervención humana con una amenaza para los ecosistemas y considera que la mejor política forestal consiste, en gran medida, en dejar evolucionar la naturaleza con la menor interferencia posible. Sin embargo, esa aproximación resulta difícilmente compatible con la realidad histórica del paisaje mediterráneo.

Los montes españoles no son espacios vírgenes ajenos a la acción humana. Son territorios moldeados durante siglos por agricultores, ganaderos, resinadores, madereros y comunidades rurales que convivían con el bosque mientras obtenían de él su sustento. Buena parte del equilibrio ecológico que hoy se pretende preservar surgió precisamente de esa interacción continuada entre naturaleza y actividad económica.

Cada vez más ingenieros forestales insisten en esta idea. Un bosque abandonado no equivale necesariamente a un bosque mejor conservado. La ausencia de gestión favorece la acumulación de combustible vegetal, dificulta el acceso para los equipos de emergencia y multiplica la intensidad de los incendios cuando éstos finalmente se producen. En ocasiones, la mejor política ambiental consiste precisamente en facilitar una gestión forestal sostenible que permita reducir riesgos sin deteriorar los valores naturales del territorio.

Más prevención, menos reacción

La experiencia demuestra que combatir un gran incendio siempre resulta mucho más caro que evitar que alcance esas dimensiones. Una vez que las llamas superan la capacidad inicial de respuesta, las administraciones deben movilizar helicópteros, aviones anfibios, centenares de efectivos terrestres, maquinaria pesada, dispositivos sanitarios y cuerpos de seguridad durante días o incluso semanas. A ello se añaden posteriormente las ayudas a los damnificados, la reparación de infraestructuras, la restauración ambiental y las pérdidas sufridas por empresas y explotaciones agrarias.

Por el contrario, muchas de las actuaciones preventivas –tratamientos selvícolas, pastoreo extensivo, limpieza de cortafuegos o aprovechamientos forestales sostenibles– tienen un coste muy inferior y generan además actividad económica en el medio rural. La prevención no sólo reduce el riesgo de incendios; también crea empleo, fija población y contribuye al mantenimiento de un paisaje más resiliente.

La paradoja es evidente. Mientras las administraciones movilizan cientos de millones de euros para reforzar los dispositivos de extinción, buena parte de las actividades que históricamente mantenían limpio el monte continúan perdiendo peso económico o enfrentándose a crecientes obstáculos regulatorios. El resultado es un modelo que dedica cada vez más recursos a reaccionar frente al incendio y relativamente menos a reducir las condiciones que favorecen su aparición y propagación.

En definitiva, la discusión no debería limitarse a cuánto dinero destinamos a apagar incendios, sino también a qué incentivos estamos creando para evitar que esos incendios alcancen dimensiones catastróficas. Porque cuando el monte deja de ser una fuente de riqueza y pasa a convertirse únicamente en un espacio cuya gestión depende de autorizaciones administrativas y programas públicos, el coste termina recayendo sobre toda la sociedad.

Más allá del clima

Nada de lo anterior significa restar importancia al papel que desempeñan las condiciones meteorológicas. Las olas de calor, las sequías prolongadas o los episodios de viento extremo favorecen la propagación de los incendios y hacen más complejas las labores de extinción. Sería absurdo ignorar ese factor. Sin embargo, una cosa es explicar por qué un incendio puede propagarse con rapidez y otra muy distinta explicar por qué encuentra decenas de miles de hectáreas cargadas de combustible vegetal o por qué los medios disponibles no siempre pueden desplegarse con la rapidez necesaria.

De hecho, los datos oficiales invitan a matizar el debate. Según las estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica, alrededor del 95% de los incendios forestales registrados en España tienen origen humano, ya sea por negligencias, accidentes o acciones intencionadas. Apenas una pequeña parte responde a causas naturales, como la caída de rayos.

Este dato resulta fundamental porque desplaza parcialmente el foco del debate. Si la inmensa mayoría de los incendios comienza por causas humanas, la política pública no puede limitarse a debatir sobre fenómenos meteorológicos que escapan al control de cualquier gobierno. También debe preguntarse cómo reducir el impacto de esos incendios mediante una mejor gestión del territorio, una mayor rapidez de respuesta y un marco regulatorio que favorezca la prevención en lugar de dificultarla.

El incendio de Los Gallardos, en Almería, cuyas primeras investigaciones apuntan a la caída de un cable eléctrico como posible origen del fuego, constituye un buen ejemplo de esta realidad. Lo determinante no es únicamente cómo comenzó el incendio, sino por qué adquirió semejante capacidad destructiva y si el territorio y los dispositivos de emergencia estaban en las mejores condiciones posibles para contenerlo durante sus primeras fases.

La prevención debería convertirse, por tanto, en el eje de la política forestal española. Pero prevenir no consiste únicamente en aumentar los presupuestos públicos. También implica recuperar incentivos para que vuelva a existir actividad económica en el monte, facilitar la gestión forestal sostenible, favorecer la ganadería extensiva allí donde resulte compatible con la conservación del entorno y eliminar aquellos obstáculos administrativos que retrasan actuaciones preventivas de eficacia ampliamente reconocida.

No deja de resultar paradójico que el debate público se concentre con frecuencia en reclamar más medios de extinción mientras apenas se discute por qué tantos montes llegan cada verano a convertirse en auténticos polvorines o por qué recursos ya disponibles permanecen sin utilizar cuando resultan necesarios. El Estado puede contratar más aviones, movilizar más brigadas o aumentar los presupuestos destinados a emergencias, pero ninguna de esas medidas sustituirá una política forestal que devuelva al territorio los incentivos necesarios para mantenerse vivo, productivo y adecuadamente gestionado.

Los recientes incendios de Guadalajara, Madrid, Ávila o Almería vuelven a demostrar que el verdadero desafío no consiste únicamente en apagar incendios, sino en evitar que alcancen dimensiones catastróficas. Cuando miles de hectáreas arden, cientos de familias pierden sus viviendas o sus explotaciones y las administraciones movilizan cientos de millones de euros para hacer frente a la emergencia, resulta evidente que el coste de la inacción termina siendo mucho mayor que el de la prevención.

La política forestal debería medirse, precisamente, por su capacidad para reducir esa factura antes de que aparezcan las llamas. Porque cada cortafuegos que no se abre, cada tratamiento selvícolas que se retrasa durante meses, cada rebaño que desaparece del monte por falta de rentabilidad o por exceso de trabas regulatorias y cada hidroavión plenamente operativo que permanece en tierra representan decisiones cuyo coste no siempre aparece en los presupuestos públicos, pero termina manifestándose de la forma más dramática posible cuando el fuego avanza sin control.

El clima puede explicar por qué determinados veranos resultan especialmente propicios para los incendios. Pero la economía, la calidad de nuestras instituciones y las decisiones políticas ayudan a explicar por qué algunos de esos incendios terminan convirtiéndose en tragedias multimillonarias mientras otros logran contenerse antes de causar daños irreparables. En ese sentido, la verdadera elección no es entre proteger el medio ambiente o desarrollar actividad económica. La experiencia demuestra que unos montes gestionados, habitados y económicamente vivos suelen ser también unos montes mucho mejor preparados para resistir el fuego.