La familia de Sandra Peña, la adolescente sevillana que se suicidó el pasado 14 de octubre tras abandonar el colegio, está a punto de emprender acciones legales contra el centro educativo donde estudió, Irelandsas de Loreto. El objetivo es exigir responsabilidades por una posible negligencia en el manejo de una situación de acoso que, según ellos, fue advertida con antelación y no recibió una respuesta adecuada.

Un abogado de la familia confirmó a Antena3 Noticias que hoy está trabajando en este caso y que, por tanto, la denuncia podría presentarse próximamente. Los padres del menor han mantenido varias reuniones con sus abogados en las últimas semanas para cerrar la denuncia. que se presentará junto con la investigación que mantiene abierta la Fiscalía de Menores de Sevilla. La familia es consciente de que este trámite puede durar meses y entiende que la vía judicial ordinaria es la única que puede acarrear consecuencias penales para el centro o para quienes tenían responsabilidades de dirección.

Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz de los padres, explica que la denuncia no va dirigida a una indemnización personal, sino al reconocimiento de lo sucedido. Según él, la correcta aplicación de los protocolos contra el acoso y el suicidio podría haber evitado este resultado.

La fiscalía investiga la escuela.

La Secretaría de Desarrollo Educativo abrió un expediente administrativo tras el fallecimiento del menor y confirmó que el centro no había activado el protocolo antiacoso, a pesar de que la madre de Sandra había alertado durante el desarrollo previo de la situación y había aportado informes psicológicos. También a principios de este año exigió medidas preventivas, como separar a su hija de los presuntos acosadores.

Este archivo fue puesto en espera cuando El caso fue remitido a la fiscalía, que investiga tanto el posible acoso por parte de tres compañeros como la actuación del colegio. Una vez finalizado el procedimiento, el Ministerio Público informará al Consejo, el cual podrá imponer sanciones administrativas, incluida la retirada del convenio educativo, pero sin efectos penales.

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