La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, dentro de un proceso iniciado por su presunta participación en las protestas sociales ocurridas entre mayo y junio con las que algunos sectores exigieron la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

La orden, emitida por el fiscal Brayan Melgar, señala a Morales (2006-2019) por los presuntos delitos de «levantamientos armados «contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación para delinquir, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos». La disposición fiscal fue confirmada a EFE por una persona cercana al expresidente.

La denuncia fue presentada a principios de julio. por los líderes cívicos de Santa Cruzla región más poblada y motor económico de Bolivia, a la que luego se sumó el Ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. La acción legal también incluye al máximo dirigente de la Central de Trabajadores de Bolivia (COB), Marco Argolloy el principal dirigente de los campesinos de La Paz, Vicente Salazarquien se encuentra en prisión preventiva desde el 6 de julio por otra investigación por estos mismos hechos.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, los agricultores de La Paz y la COB Promovieron controles de carreteras, especialmente en el occidente y centro de Bolivia, con el apoyo de grupos afines al expresidente Evo Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como «única demanda». Morales niega haber impulsado la renuncia de Paz y sostuvo que la exigencia era que el Gobierno respondiera a las exigencias de los sectores movilizados.

Sin embargo, el 24 de mayo, el exgobernante afirmó en X que La paz sólo tenía «dos caminos» ante conflictos, «militarizar» el país o convocar elecciones en los próximos 90 días. El conflicto provocó escasez de alimentos, combustible y oxígeno médico en algunas ciudades y dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3 mil millones de dólares.

Tras alcanzar acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, Luego de lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las vías para retirar los materiales acumulados que obstruían la circulación. Desde octubre de 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical en el centro del país, custodiado por cientos de sus seguidores para evitar que se ejecute una orden de aprehensión en su contra por una investigación por trata de personas agravada.

En ese caso, el expresidente es acusado de su supuesta relación con un menor con quien supuestamente tuvo una hija mientras era presidente en 2016. En mayo, un tribunal de la sureña región de Tarija declaró a Morales en rebeldía y giró una nueva orden de aprehensión porque no se presentó al inicio del juicio por este caso. La Policía sostiene que está esperando el momento adecuado para cumplir con la orden de aprehensión.