EL Fiscalía preguntó el Audiencia Provincial de Madrid el sobreseimiento del procedimiento contra Begoña Gómezsu asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Según él, los hechos atribuidos a los tres investigados no se enmarcan en el marco de la delitos de tráfico de influenciass, corrupción en los negocios, malversación o malversación de caudales públicos, que son los tipos de delitos por los que el instructor propuso abrir juicio oral.

En su escrito, el fiscal asegura que, si el Tribunal considera que el apertura del juiciosolicitará la absolución de los tres y presentará un documento de conclusiones provisionales de absolución.

Además, acusa decisión del juez de dejar a Gómez «a un paso del banquillo»afirmando que en el auto en el que se fundamenta esta resolución existe una «clara y deliberada confusión de hechos» al construir el presunto delito de tráfico de influencias.

El fiscal también rechaza cualquier fundamento para afirmar que la esposa del presidente ejerció una influencia decisiva a favor de empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés a través de cartas de recomendación.

Según el documento, atribuirle esta capacidad «carece de un fundamento mínimo indicativo» y no hay datos que permitan hablar de presión moral efectiva o cualquier otra forma de influencia criminalmente relevante.

Respecto de la presunta apropiación indebida de un “software’ de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el fiscal destaca que ninguno de los investigados se benefició económicamente de este hecho y que la universidad no sufrió ningún perjuicio económico.

Añade además que la cátedra codirigida por Gómez no generó gastos para la UCMsino ingresos, y que los fondos recaudados no iban a parar al investigado, sino al propio curso y al programa informático.

La fiscalía también niega que hay fundamento para afirmar que las contribuciones negocios a la presidencia terminarían en el patrimonio personal de Gómez. Sostiene que la supuesta ventaja competitiva o contraprestación señalada por el juez no se ofrece ni se materializa y critica el «giro» dado por la instrucción y por la acusación popular unificada.

También habla del papel de Cristina Álvarezque el juez vinculó a una posible malversación de fondos. Para el fiscal, participar en reuniones, enviar correos electrónicos, actuar como interlocutor u organizar eventos es “más que insuficiente” para sustentar una acusación penal.

Ante esta postura, la asociación Hazte escucharque ejerce la acusación popular, exige la apertura de juicio oral y pide 24 años de prisión para Begoña Gómez, además de la prohibición de salir del país y la retirada de su pasaporte por un presunto riesgo de fuga.

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