Nicolas Sarkozy fue presidente de Francia entre 2007 y 2012 y este miércoles la fiscalía francesa solicitó una sentencia de siete años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos en su contra. La solicitud forma parte del juicio de apelación liderado por el presunta financiación ilegal de su campaña electoral con fondos del régimen libio de Muammar Gaddafi.

Además de la pena de prisión, el fiscal solicitó una pena multa de 300.000 eurosaumentando en dos años la pena anteriormente dictada en primera instancia. El pedido se hizo público durante la audiencia en la que se procesa al expresidente por presuntos cargos Delitos de concierto para delinquir, corrupción y financiación irregular de campañas cuando lideraba la Unión por un Movimiento Popular (UMP), hoy conocida como “Les Républicains”.

Según la fiscalía, Sarkozy habría llegado a un “acuerdo«con Gadafi por recibir financiación secreta a cambio de intervenir en la situación jurídica de Abdalá Senussi, cuñado y mano derecha del líder libio. Senussi había sido condenado en rebeldía a cadena perpetua por su implicación en el atentado contra un avión de la aerolínea francesa UTA en 1989, en el que murieron 170 personas.

Las autoridades sostienen que estas operaciones implicó la transferencia de alrededor de seis millones de euros a través de un intermediarioque «contaminaron la financiación de las elecciones presidenciales de la Quinta República», según la acusación. Será el 30 de noviembre cuando se conocerá la decisión final del tribunal.

“No hubo dinero de por medio”

Por su parte, la defensa sostiene la inocencia del expresidente. Al finalizar la audiencia, su abogado Christophe Ingrain aseguró que “Nicolas Sarkozy es inocente, su elección no fue fraudulenta» y añadió que «no había dinero involucrado en su campaña» ni «dinero libio en su patrimonio». También dijo que «no hubo enriquecimiento ilícito».

También fue categórico al asegurar que demostrará su “total inocencia en 15 días, durante nuestros alegatos finales”.

Sarkozy, que ingresó en prisión el 21 de octubre y en libertad condicional bajo supervisión judicial, denunció ser víctima de un «escándalo legal«quien, según él, tiene»humillado» a Francia. El ex dirigente siempre ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de persecución política.

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