La gran industria echa cuentas de sus pérdidas millonarias por el apagón para activar la batalla legal de las reclamaciones
La gran industria española sufrió un roto millonario por culpa del apagón que paralizó España el pasado 28 abril y ahora se prepara para reclamar indemnizaciones… a la espera de saber a quién. Los grandes grupos industriales aún echan cuentas para calcular el importe de las pérdidas soportadas mientras esperan a que avancen las investigaciones abiertas para esclarecer las causas del colapso y que eventualmente se señale a los responsables del histórico ‘cero energético’.
La industria pesada padeció el impacto económico de estar durante horas (en algún caso, varios días) con la producción totalmente paralizada por la falta de suministro eléctrico y también de los daños sufridos por los equipos de sus factorías por el parón abrupto de sus operaciones y el tiempo de inactividad, crítico para algunos sectores como el siderúrgico.
La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Electricidad (AEGE), la patronal que agrupa a una treintena de los mayores grupos industriales con presencia en el mercado español, asegura que las compañías aún tratan de calcular las pérdidas sufridas, pero anticipa que se trata de “varias decenas de millones de euros” sólo en el caso de sus asociados. La caída total del suministro abre la puerta ahora a una batalla en los tribunales por parte de los clientes en busca de las compensaciones.
Golpe por las medidas ‘antiapagón’
“La industria electrointensiva fue la más afectada por el apagón. Y lo sigue sufriendo”, explica a EL PERIÓDICO Pedro González, director general de AEGE (que agrupa a gigantes como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Ferroatlántica, Tubos Reunidos, Alcoa o Asturiana de Zinc). Y es que la gran industria se queja de estar soportando ahora el sobrecoste en el precio de la electricidad por las medidas especiales adoptadas por Red Eléctrica de España (REE) para evitar nuevos apagones.
España ha activado un mecanismo especial para evitar el riesgo de que vuelva a producirse un apagón. Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico, está aplicando en las últimas semanas un modo de operación reforzada para reducir al mínimo la posibilidad de un nuevo colapso, primando el uso de energías tradicionales -muy especialmente centrales de gas- y reduciendo un poco la utilización de renovables.
Red Eléctrica está utilizando de manera más intensa las denominadas ‘restricciones técnicas’, un mecanismo que permite al operador intervenir el mercado eléctrico priorizando qué energías utilizar, pero que ahora implica un coste adicional al primar el uso de centrales de gas que se refleja con un alza en el precio de la electricidad y a la postre también en el recibo de luz de millones de consumidores. Entre ellos, los grandes consumidores industriales, que suelen tener contratos indexados a la evolución del mercado mayorista de la electricidad o compran la electricidad directamente en el mercado mayorista.
Desde AEGE se alerta de que el coste disparado de los servicios de ajuste del mercado eléctrico, en los que se carga el impacto de las medidas especiales contra otro apagón, ha supuesto un encarecimiento del 10% en la factura final de mayo de los mayores grupos industriales. “Eso implica perder un 10% de competitividad con un coste sobrevenido y que las compañías no pueden controlar. Y es un golpe diferente al que se sufrió durante la crisis energética, porque ahora es exclusivo para la industria española y no para la de todos los países europeos”, subraya González.
La gran industria se queja de la falta de visibilidad sobre cuánto durará la aplicación de las medidas especiales por parte de Red Eléctrica y, por ende, cuánto tiempo soportarán el sobrecoste que conllevan. “No sabemos si la ‘operación reforzada’ es temporal o va a ser el nuevo escenario que se quede”, explica el director general de AEGE, que reconoce que la industria electrointensiva teme un sobrecoste excepcional de 100 millones de euros en su factura de luz si la ‘operación reforzada’ del sistema eléctrico se mantiene durante todo el año. Una incertidumbre que también supone un obstáculo para la firma de contratos de suministro de electricidad a largo plazo (PPA, según la jerga sectorial) por la dificultad de establecer previsiones para pactar un precio fijo con estas condiciones.
Petición de ayuda al Gobierno
La gran industria española, que lleva años alertando del lastre que suponen los altos precios de la energía para su actividad y de sus problemas para poder competir con sus rivales de otros países europeos, alerta de que ahora se encuentra con nuevos “impactos significativos y sobrevenidos” y por eso reclama al Gobierno “medidas compensatorias”. Los grandes grupos industriales con presencia en el mercado español se quejan de estar en desventaja frente a sus competidores de Francia o Alemania, que se benefician de mayores bonificaciones en su factura eléctrica, y por eso reclaman al Gobierno más ayudas y descuentos en un momento especialmente delicado.
El Ministerio de Industria, comandado por Jordi Hereu, activará en breve el proceso para repartir ayudas por 600 millones de euros para compensar los costes indirectos de CO2 soportados el año pasado por unas 200 empresas con un alto consumo eléctrico. Una cifra supone duplicar el importe del año anterior, pero que sigue muy por debajo de las aspiraciones del sector para cubrir los costes soportados el año pasado.
Frente a los 600 millones que distribuirá el Gobierno, la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Electricidad sigue reclamando una gran ampliación presupuestaria para compensar los costes indirectos del CO2, ya que calcula que el sector tenía derecho a compensaciones por un importe de cerca de 900 millones de euros este año, dada la evolución de los parámetros que se utilizan para calcular el importe máximo de las ayudas (la UE permite repartir hasta un 25% de los fondos obtenidos por las subastas de derechos de emisión de CO2 en el país y cubrir hasta un 75% de los costes indirectos de las empresas).
Los grandes grupos industriales se benefician cada año de un sistema de compensación de parte de los costes de las emisiones indirectas de CO2 que asumen en sus costes energéticos, orientada a los sectores y subsectores con mayor riesgo de ‘fuga de carbono’ (esto es, riesgo de deslocalización por el coste diferencial con otros países de fuera de la Unión Europea). Desde AEGE se entiende que el Gobierno podría utilizar esta vía para hacer un guiño a la gran industria y elevar las ayudas hasta los máximos permitidos en este escenario post-apagón complicado para el sector.
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