El Guardia Civil ha detectado cientos de viviendas ilegales en el Valle del Guadalhorce, en málagadentro de la denominada operación Murus, un dispositivo puesto en marcha para frenar la ocupación irregular de suelo rural. Aunque a primera vista parecen pequeñas urbanizaciones, los edificios no son casas tradicionales en absoluto.

Se trata de casas modulares o casas móviles instaladas en parcelas rústicasmuchos de ellos sin licencia y con intención de quedarse permanentemente. Por su parte, los agentes llevan cerca de un año rastreando estas instalaciones en distintos municipios de la región. En algunos casos, los propietarios intentan eludir la normativa con estrategias como hacer pasar las piscinas como piscinas destinadas al riego.

La clave del crimen, según los investigadores, está en demostrar que el hogar no es temporal. «Se analiza que la casa está fondeada, que hay luz, gas, agua, saneamiento…», explica Jorge Martín, portavoz de la Guardia Civil.

Imágenes captadas por drones durante el espectáculo de la investigación Parcelas que funcionan como auténticas urbanizaciones. improvisado, con varias casas móviles instaladas en terrenos donde no se permite la construcción. La Fiscalía Ambiente considera que instalar estas viviendas de forma permanente en terrenos rústicos constituye el mismo delito que construir una casa de ladrillos sin autorización.

Hasta la fecha, la investigación ha conducido en 125 sancionesdirigido no sólo a particulares, sino también a empresarios y promotores relacionados con la compraventa e instalación de estas viviendas. Encontrar estos negocios no es complicado ya que en internet o en tiendas especializadas ofrecen casas modulares listas para instalar, con precios fijos entre 15.000 y 30.000 euros y catálogos completos.

Sin embargo, la Guardia Civil recuerda que las empresas también tienen responsabilidad: «Los fabricantes Deben exigir licencia municipal antes de venderlo», afirma el portavoz del organismo. Entre otros, Cártama es uno de los municipios donde más se está notando este fenómeno, en el Valle del Guadalhorce. Su alcalde, Jorge Gallardo, asegura que el Ayuntamiento intentar detener una actividad que se ha extendido rápidamente en los últimos años.

«Queremos detenerlo y ayudar a los vecinos que también están siendo estafados. Podrían enfrentar penas de hasta dos años de prisión«, advierte. Así, el consistorio también denuncia la rapidez con la que se instalan estas viviendas, muchas veces en cuestión de minutos: «Perseguimos a esos camiones y grúas que llegan y en media hora o 40 minutos te instalan tu casa», explica el alcalde.

Además, las últimas inundaciones en la zona han dejado otra imagen preocupante: algunas de estas casas móviles Incluso se movían con el agua.evidenciando los riesgos de instalar este tipo de construcciones en terrenos no preparados.

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