SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 de julio (EUROPA PRESS) –

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife han llevado a cabo una inspección en un establecimiento comercial del municipio de Güímar en un operativo de control de bebidas derivadas del alcohol y productos alimenticios destinados a la venta al público y que culminó con la inmovilización de más de 8.500 bebidas.

Así, tras la identificación de los agentes y el inicio de la inspección, se constató la existencia de diversas irregularidades en productos alimenticios y bebidas alcohólicas expuestos para su comercialización.

En concreto, los agentes detectaron que diferentes productos alimentarios no cumplían la normativa sobre seguridad alimentaria y nutrición, careciendo de la información obligatoria para el consumidor, especialmente en lo que respecta a requisitos lingüísticos y etiquetado.

Asimismo, se constató que 420 botellas de bebidas derivadas del alcohol no cumplían la normativa fiscal, al carecer del correspondiente sello fiscal exigido por la legislación sobre Impuestos Especiales, según una nota de la Guardia Civil.

Como consecuencia de la actuación, la Guardia Civil procedió a la inmovilización cautelar de un total de 8.554 productos, distribuidos de la siguiente manera: 8.134 bebidas (latas y botellas de distintas marcas) por presuntas infracciones de la normativa de seguridad alimentaria y 420 botellas de bebidas derivadas del alcohol, por incumplimiento de la normativa relativa a precintos fiscales.

Los agentes formalizaron el correspondiente acta de inspección, que fue firmada por un empleado del establecimiento, a quien se entregó copia.

Las actuaciones han sido remitidas a los órganos competentes para la investigación de los expedientes administrativos que, en su caso, procedan, aplicándose la medida cautelar de inmovilización de los productos constitutivos de una posible infracción.

La Guardia Civil detalla que las irregularidades detectadas constituyen posibles infracciones de la Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por deficiencias en el etiquetado e información al consumidor, y de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, por la comercialización de bebidas alcohólicas sin el preceptivo precinto fiscal, lo que podría acarrear sanciones económicas y la inmovilización o decomiso de la mercancía.