CASTELLÓ, 11 de abril. (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil ha descubierto una organización criminal con base en la provincia de Castellón dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral. Los agentes han liberado a 80 personas en situación de extrema vulnerabilidad que vivían mal en zonas superpobladas, en muchos casos sin agua ni electricidad.

En concreto, siete personas han sido detenidas y están acusadas de todo el proceso de explotación laboral, desde su contratación en países extranjeros con falsas ofertas de trabajo con buenas condiciones laborales, hasta su explotación en España en empleos del sector agrícola, «hasta llegar a la semiesclavitud», según detalla la Benemérita en un comunicado.

Las víctimas, en su mayoría hombres en situación económicamente vulnerable, eran principalmente de origen nepalí, paquistaní, senegalés o árabe. Al parecer, fueron reclutados en sus propios países a través de ofertas laborales falsas difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales. Se les prometió condiciones laborales atractivas en España, con salarios, alojamiento y comida dignos.

Una vez que aceptaron la oferta, fueron trasladados a España, en ocasiones a través de viajes organizados por la propia red criminal, lo que generó una deuda que luego fue utilizada como mecanismo de control y coerción.

A su llegada, las víctimas fueron alojadas en viviendas en condiciones de extrema hacinamiento, sin requisitos de habitabilidad e incluso carentes de suministros básicos como agua o electricidad. Las víctimas se vieron obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, «en condiciones muy precarias con jornadas de hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso».

La remuneración era «inexistente o meramente simbólica», ya que de los supuestos salarios se deducían los gastos de alojamiento, transporte o manutención.

Además, carecían de contrato de trabajo y de cualquier documentación que regularizara su situación. El control sobre ellos se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, «lo que generaba un clima de miedo constante que dificultaba cualquier intento de fuga».

OPERACIÓN ‘BALARAMA’

La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Trata de Personas de la Fiscalía Provincial y el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se lleva desarrollando desde hace varios meses y ha permitido destapar esta red que sometía a sus víctimas a condiciones de vida y de trabajo cercanas a la esclavitud. La organización operaba de manera jerárquica.

Algunos de sus miembros se encargaban de reclutar a las víctimas en sus países de origen, otros gestionaban los traslados y el alojamiento, mientras que un tercer grupo controlaba la explotación laboral y el cobro de las ganancias obtenidas.

La investigación ha permitido identificar a los principales beneficiarios de la red: un matrimonio. También se ha detectado la utilización de empresas y estructuras jurídicas para dar apariencia de legalidad a parte de la actividad, así como para beneficiarse del impago de salarios y la evasión de obligaciones con la Seguridad Social.

El grupo operaba principalmente en las comarcas de Plana Baixa y L’alt Palancia en Castellón, además de en las comarcas de Camp de Morvedre, Camp de Turia y l’Horta Nord en Valencia.

El asentamiento principal se encontraba en la localidad de Nules (Castellón), donde las víctimas fueron alojadas en hasta cuatro viviendas diferentes, propiedades del matrimonio detenido.

En las actuaciones policiales se realizaron cinco allanamientos en domicilios con la detención de siete personas y la liberación de 80 víctimas, 77 hombres y tres mujeres, con edades comprendidas entre 20 y 35 años. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que ha ordenado el ingreso en prisión de dos de las siete personas detenidas.

La operación se ha desarrollado con la colaboración de diferentes organizaciones, entidades sociales y sanitarias, como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos, que han velado por la atención y protección de las víctimas.