La hora crucial de Jair Bolsonaro frente a los tribunales
El histórico juicio contra Jair Bolsonaro y sus siete colaboradores más estrechos por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 entra a partir de este martes en su instancia final. Septiembre será un mes de definiciones y la ultraderecha asume que la suerte está echada para el excapitán del Ejército. «Ya está condenado, es una persecución política vergonzosa«, bramó Silas Malafaia, un pastor evangélico que forma parte del círculo áulico del expresidente. Bolsonaro, de 70 años, así como los generales Augusto Heleno (exministro de la Oficina de Seguridad Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (exministro de Defensa) y Braga Netto (exministro de la Casa Civil), entre otros miembros del Gobierno, han sido sentados en el banquillo de los acusados por los delitos de «organización criminal armada», «tentativa de abolición violenta del Estado democrático de Derecho«, «golpe de Estado», «daños calificados por violencia» y «amenaza grave contra el patrimonio público». Las penas máximas podrían superar los 40 años de prisión, pero para la prensa es prematuro anticipar un desenlace judicial de esa naturaleza. Todavía es prematuro saber dónde y hasta cuándo podría cumplir una condena el hombre que gobernó al gigante sudamericano entre 2019 y el primer día de 2023. Al interior del Supremo Tribunal Federal (STF) no existen opiniones monolíticas.
El proceso que se ha llevado a cabo en la sede del STF el desde junio pasado adquiere un doble simbolismo. Nunca antes un jefe de Estado brasileño había sido llevado a los tribunales por los delitos que se le imputaron a Bolsonaro. Y eso ha ocurrido a cuatro décadas de la recuperación democrática de ese país, pactaba a lo largo de años y batallas políticas entre el régimen militar y partidos de un amplio abanico ideológico. Otro factor le da al juicio una dimensión mayor. Donald Trump impuso aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas. La medida fue justificada principalmente como un acto de solidaridad de Washington con el líder ultraderechista. Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, no ha sido ajeno a esto. Como articulador de esas acciones predijo otras si su padre es setenciado. Estados Unidos también sancionó al juez Alexandre de Moraes, el juez más activo del STF y una suerte de demonio para el bolsonarismo. Las medidas han provocado irritación en Brasil y le han permitido al presidente Luiz Inacio Lula da Silva articular una red de adhesiones que carecía.
«Mito», como solían llamarlo los seguidores durante sus años dulces en el poder, se encuentra bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica. Los medios de prensa dicen que se encuentra deprimido. Un hijo aseguró que no quiere comer. Sus asesores recomendaron seguir las instancias judiciales desde su casa y no «regalar» al Gobierno la imagen de una persona derrotada y detrás de un vidrio protector.
Pruebas y algunas lagunas
De acuerdo con el diario paulista ´Folha`, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) ha acumulado pruebas contundentes contra Bolsonaro y los otros conspiradores, «pero hay cabos sueltos y falta de pruebas materiales sobre la participación de los acusados en determinadas situaciones». Esas «lagunas», fueron utilizadas por los abogados defensores «para intentar negar por completo la trama golpista». El fiscal Paulo Gonet ha presentado durante el juicio los llamados «borradores golpistas», cuyo contenido fue corroborado por dos de los tres integrantes de la cúpula militar del último período de Bolsonaro. Esas intenciones fueron insinuadas por el propio presidente con distintos tonos a lo largo de 2022, el año de la disputa electoral que perdió contra Lula por un escaso margen.
De acuerdo con los medios brasileños, el equipo de abogados del excapitán intentará argumentar que todo el edificio acusatorio levantado por Gonet se ha basado en las declaraciones del teniente coronel Mauro Cid, quien se había desempeñado como ayudante personal del entonces mandatario y ha colaborado con la fiscalía a cambio de una reducción de penas. Según los letrados, Cid no es una fuente fiable para un tribunal porque no existen otras pruebas que confirmen sus palabras. La impugnación del trabajo de Gonet no se detiene allí. Los abogados de «Mito» sostienen que ha interpretado mal los documentos incautados en el marco de la causa, entre ellos el relacionado con el plan «Puñal verde y amarillo», del general de la reserva Mário Fernandes, que contemplaba el asesinato de Lula y De Moraes. El fiscal, aseguran, no ha podido probar que Bolsonaro aceptó llevarlo a cabo. La refutación de la defensa tiene un punto débil: el texto de la controversia fue en su momento impreso en el Palacio del Planalto, la sede del Ejecutivo, y llevado al Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial. Un audio enviado por Fernandes a Cid es, para los acusadores, la prueba de que el excapitán del Ejército estaba de acuerdo con esa hoja de ruta. El fiscal también pudo fundamentar su acusación contra el exministro Walter Braga Netto, candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022, de haber entregado dinero en efectivo que debía utilizarse para «neutralizar» a De Moraes.
Herida que debe sanarse
La toma de las sedes de los tres poderes públicos en Brasilia, el 8 de enero de 2023, estuvo precedida por los acampes de ultras frente a los cuarteles, destinados a presionar en favor de una salida antidemocrática. «No pierdan la fe. Es lo único que puedo decir ahora», les pedía Braga Netto pocas semanas después de perder los comicios. El general alimentaba la expectativa de un episodio excepcional. Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos desde fines de ese año, pero Gonet no duda de que estaba al tanto de la conjura. Pocas horas después del 8E, la policía secuestro de la casa de su exministro de Justicia y por entonces ministro de Seguridad de Brasilia, Anderson Gomes, la última versión de un decreto golpista.
La sociedad se prepara para seguir el último capítulo de este proceso sin precedentes. Miguel Reale Júnior se desempeñó como ministro de Justicia Fernando Henrique Cardoso en el último tramo de su Gobierno, en 2002. Participó de la ley que ha permitido juzgar a Bolsonaro. El 8E, dijo a ´Folha`, «es una herida que queda en la democracia brasileña y que necesita ser curada. La cura se hace a través del proceso penal, «en el que los responsables sean juzgados».
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