MADRID, 31 de enero (EUROPA PRESS)-

Este domingo Birmania cumple cinco años del golpe de Estado llevado a cabo por la junta militar en medio de un clima de conflicto, crisis humanitaria y fragmentación nacional alimentado por el surgimiento de una resistencia armada contra los militares que combina grupos de autodefensas con organizaciones armadas históricas que llevan décadas reivindicando identidad propia.

Las cifras del conflicto son muy difíciles de verificar. La ONG especializada en el seguimiento de conflictos armados ACLED calcula casi 90.000 muertos en cinco años de combates mientras que organizaciones civiles como la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP) estiman que los no combatientes han muerto en casi 7.800 y los detenidos por el régimen liderado por el general Min Aung Hlaing en casi 30.400.

El militar dice que su autoridad se ha visto reforzada por las elecciones recientemente finalizadas que han dado una victoria aplastante a su Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP), mientras el gobierno que derrocó en 2021 permanece en el exilio y su líder, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, languidece en prisión, en medio de esfuerzos infructuosos de la comunidad internacional, y en particular de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, para resolver la situación.

Paralelamente, cabe recordar que hay un caso abierto por genocidio contra Birmania ante el Tribunal de Justicia Internacional por la persecución sistemática del Ejército contra la minoría rohingya en 2017, que provocó la expulsión forzosa de cientos de miles de personas al vecino Bangladesh. Respecto a lo posterior al golpe, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó en noviembre de 2024 una orden de arresto contra el líder de la junta por presuntos crímenes de lesa humanidad pero los jueces aún no han emitido una decisión pública sobre la solicitud.

Quienes han logrado resistir en el país son fuerzas de resistencia étnica como el Ejército de Independencia de Kachin (KIA) en Kachin, el Ejército de Arakan (AA) en Rakhine o el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA) en Shan, que, junto con grupos de autodefensa como las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) locales en Sagaing y Magwe, están poniendo a los militares en serios problemas.

Mientras tanto, la población sufre: según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el número de desplazados internos en Birmania ha aumentado de unos 300.000 a 3,6 millones desde el golpe de Estado debido al conflicto armado y 16,2 millones de personas, o casi un tercio de la población, necesitan asistencia humanitaria.

Sufre guerras y sufre desastres naturales como el terremoto de marzo del año pasado, que dejó más de 5.500 muertos y demostró que las autoridades militares birmanas están lejos de estar en condiciones, como afirmaron, de responder a desafíos de tal magnitud.

Además, y según la ONG Human Rights Watch (HRW), desde el golpe de Estado, «han proliferado la trata de personas, los centros de fraude, la extracción no regulada de recursos, la producción de drogas y otras operaciones ilícitas».

Los centros de estafas en línea a lo largo de la frontera de Myanmar con Tailandia, administrados por organizaciones criminales internacionales encabezadas por ciudadanos chinos, dependen principalmente de la trata de personas, el trabajo forzado y la tortura para ejecutar sus estafas, que son parte de una industria multimillonaria en toda la región.

Mientras tanto, la guerra ha aumentado en crueldad. El investigador de Amnistía Internacional sobre Birmania, Joe Freeman, dice que «los ataques aéreos militares y con aviones no tripulados alcanzaron nuevos máximos en 2025, a medida que la junta ha intensificado su ya brutal campaña contra las zonas de oposición». Freeman lamenta que «estos últimos cinco años son un ejemplo devastador de la fallida estrategia del ejército birmano para imponer su control mediante el asesinato y el terror de la población civil».

UN CICLO DE IMPUNIDAD

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este viernes su «profunda preocupación» por el «rápido deterioro de la situación» en Birmania, así como por sus graves consecuencias regionales.

«El sufrimiento del pueblo birmano ha empeorado. El ciclo de impunidad persiste, con violaciones generalizadas del derecho internacional», afirmó Guterres, quien pidió «unidad regional e internacional y un compromiso sostenido para apoyar una solución a la crisis» que «aborde plenamente las causas profundas del conflicto», según un comunicado de su portavoz adjunto, Farhan Haq.

El jefe de la ONU ha señalado que ya se ha producido un aumento de la delincuencia transnacional, desplazamientos masivos, inseguridad alimentaria grave, volatilidad económica y escalada de violencia, «en particular los continuos ataques aéreos militares contra la población civil».

En este sentido, ha «condenado enérgicamente todas las formas de violencia» y ha instado a todas las partes a «ejercer la máxima moderación», respetar el derecho internacional y permitir el acceso seguro y sin obstáculos tanto a Naciones Unidas como a sus socios para «proporcionar ayuda humanitaria y servicios esenciales a todos los necesitados».

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha considerado que el proceso electoral orquestado por la junta «sólo ha servido para exacerbar la violencia y la polarización social».

«Después de que los militares arrebataron el poder al gobierno democráticamente elegido, Birmania perdió media década de paz y desarrollo. La profunda y generalizada desesperación sufrida por el pueblo birmano sólo ha empeorado con las recientes elecciones organizadas por los militares», afirmó.

«Durante cinco años, el gobierno militar se ha caracterizado por la represión de la disidencia política, detenciones arbitrarias masivas, reclutamiento arbitrario, vigilancia generalizada y limitación del espacio cívico. Ahora, el Ejército busca consolidar su gobierno a través de la violencia después de obligar a la gente a acudir a las urnas. Esto no podría estar más lejos de un gobierno civil», criticó.