El proceso de reconocimiento de una pensión por incapacidad permanente se ha convertido en un tema de creciente relevancia en España, tanto por su impacto social como por el volumen de personas afectadas. Sin ir más lejos, según datos oficiales, en agosto de 2025 se alcanzó un nuevo máximo histórico, superando el millón de personas. recibir una pensión por incapacidad permanenteuna cifra que refleja el envejecimiento de la población activa, la La cronificación de determinadas enfermedades y la mayor judicialización de los procesos.. Este aumento ha puesto el foco en los mecanismos de evaluación y otorgamiento de estos beneficios, así como en las dificultades que enfrentan los solicitantes.

El camino hacia la aprobación de una incapacidad permanente suele estar marcado por la complejidad administrativa y médica. El primer filtro es el Tribunal Médico, encargado de valorar la situación clínica del trabajador y su capacidad funcional para desempeñar su profesión habitual o cualquier puesto de trabajo. A esta fase se suman las resoluciones de la Seguridad Social, que puede aceptar o denegar la propuesta en función de criterios técnicos y legales. No son raros retrasos, denegaciones iniciales o discrepancias entre informes médicos, lo que obliga a muchos solicitantes a recurrir a la vía judicial para que se reconozcan sus derechos.

Según la Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social en su apartado 29.7 sobre “incapacidades permanentes”, actualmente se reconocen cuatro grados distintos de invalidez, clasificación que condiciona tanto la cuantía de la pensión como los derechos asociados a la prestación. Estos grados son la incapacidad parcial permanente para la profesión habitual, incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta para todo trabajo e incapacidad grave. La correcta determinación del título es clave, ya que de él dependen no sólo los ingresos del beneficiario, sino también su protección social. Sin embargo, la falta de un requisito específico puede descarrilar cualquier aprobación.

Los requisitos esenciales para la invalidez

Víctor Arpa, abogado laboralista que se ha dado a conocer por sus contenidos en redes sociales sobre los derechos laborales de los empleados, explica los principales motivos que debe asegurar el trabajador para optar por la aprobación de este procedimiento.Si no cumple con uno de estos requisitos, no se le otorgará incapacidad permanente.así de claro. Esto es lo que exige la Seguridad Social sí o sí en 2026”, comienza explicando el profesional del Derecho. En muchos casos, el incumplimiento de una de estas actuaciones puede suponer el rechazo del proceso a nivel legal.

«El primer requisito es haber cotizado lo suficiente; si la incapacidad es por enfermedad común necesitas un mínimo de años cotizados, por norma general cinco años aunque depende de tu edad», añade. Luego aclara que en caso de accidente de trabajo no se exige mínimo y, por tanto, se puede optar a la incapacidad incluso cuando se lleva un solo día en la empresa. «El segundo requisito clave y muy desconocido es Estar dado de alta en la Seguridad Social y no hablo de alta médica.. Puedes cumplirlo si estás trabajando, si estás de baja médica, si estás en paro o incluso sin percibir prestaciones por desempleo, pero dado de alta como demandante de empleo”, detalla. Por tanto, aunque puedas tener derecho por motivos físicos, este elemento puede ser decisivo.

La razón esencial que debe cumplir tu lesión

«Y ahora el más importante de todos, el tercer requisito, Las lesiones deben ser permanentes, crónicas e irreversibles.«Normalmente exige haber agotado la baja médica porque es cuando el INSS valora si tienes o no capacidad residual para trabajar», informa. En este sentido, si no puedes ejercer tu profesión, se declarará la incapacidad permanente total, cobrando el 55% de la base reguladora. Si no puedes realizar ningún trabajo, se declara la incapacidad absoluta y se cobra toda la base. «Por último, una verdad incómoda: la Seguridad Social deniega muchas solicitudes, pero eso no significa que no tengas derecho, significa que muchas veces tienes que luchar en los tribunales», concluye.