La investigación se centrará en quién inspeccionó los raíles cuando fije definitivamente la causa del accidente
La investigación técnica de la tragedia de Adamuz, pilotada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferrroviarios (CIAF), entra en una segunda fase antes de que el sistema judicial tome definitivamente el testigo. La CIAF, que ya apunta claramente (aunque sin descartar otras hipótesis) a que la causa del accidente fue la rotura de una soldadura, tiene claro el siguiente paso: investigar a quien inspeccionó la vía. Como ha explicado el presidente de la Comisión, Ignacio Barrón, en una entrevista en el Colegio de Ingenieros de Caminos, se trata de saber «cómo se hizo la renovación, cómo se hizo la soldadura, por qué se cortó un trozo de carril y luego se volvió a pegar…» Barrón ya ha advertido que «no nos vamos a quedar en el origen de la rotura, vamos a ir hacia atrás», es decir, quiere saber qué falló al hacer una inspección que debía haber detectado esos fallos y ya ha enviado requerimientos de información y datos en esa línea. Y al investigar a la inspección sobresalen tres nombres.
[–>[–>[–>En el foco
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En primer lugar Adif, el gestor de la red ferroviaria y máximo responsable de construirla y también mantenerla, que depende a todos los niveles del Ministerio de Transportes. También Redalsa, filial de la propia Adif, en la que la empresa que construyó el rail de acero, Arcelor Mittal, participa con un 26%, pero que también cuenta en su accionariado con empresas constructoras como Acciona (8,8%) y Comsa, Tecsa y Azvi (cada una con un 4,4%). Redalsa fue la empresa que realizó la soldadura que se rompió y causó el accidente. Y finalmente la ingeniería andaluza Ayesa, encargada de supervisar el trabajo de Redalsa. Este gigante sevillano controlado al 66% por el fondo británico A&M Capital Europe, que lo ha puesto en venta, fue fundado en 1966 por un ingeniero de Caminos (José Luis Manzanares Japón), cuya familia conserva el 34%, responsable de la construcción del Circuito de Jerez, el Estadio de La Cartuja o el puente del Cristo de la Expiración de Sevilla, entre otros. Ayesa también figura como asistente técnico a la dirección de obra formada por la Unión Temporal de Empresa (UTE) participada por Ferrovial, OHLA, FCC y Azvi, que en su momento participó en la renovación del tramo de vía. En el tramo de línea accidentado, las soldaduras suman 114, según ha señalado el propio Puente. “Además de las comprobaciones habituales, como las de ultrasonidos, fueron analizadas por un gestor externo (Ayesa) y además se revisaron aleatoriamente un 30% de estas”, ha indicado el ministro de Transportes.
[–> [–>[–>El equipo de la investigación ya tiene claro que, al estudiar lo acontecido con anterioridad al accidente, buscarán conocer diferentes actuaciones como las inspecciones y las condiciones de mantenimiento de la vía. De hecho, en una entrevista con el diario Córdoba, del Grupo Prensa Ibérica, Barrón explicaba que la CIAF ha solicitado a Adif «una lista muy larga de cuestiones que nos interesan» como, por ejemplo, las circulaciones que pasan por la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, las incidencias detectadas y las inspecciones desarrolladas.
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¿Una inversión escasa?
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Desde un punto de vista político, el ministro Puente ha insistido en que el accidente no fue consecuencia de una falta de mantenimiento, pero que sí es necesario abrir un debate, al final todo este proceso, para analizar si la inversión de España en renovar y mantener las vías férreas es o no suficiente. Los datos facilitados por el propio ministerio señalan dos cosas: el nivel actual de inversión en mantenimiento y renovación de la red está en unos 5.000 millones, en niveles de hace 15 años tras además, una travesía del desierto. Entre 2013 y 2022 la inversión en mantenimiento y renovación estuvo estancada en el entorno de los 2.000 millones. Y esto bajo gobernos de PP o de PSOE.
[–>[–>[–>Otro dato, España invierte 110.000 euros por kilometro al año en mantener su red de alta velocidad, unos 429 millones de euros. Pero esos 110.000 euros por kilómetro están por debajo de lo que invierten países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Italia.
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Pero además de Adif, Redalsa y Ayesa, hay más compañías a las que se le puede reclamar información en una tragedia que se ha cobrado 46 víctimas mortales. Transportes había adjudicado en 2022 las obras de renovación del tramo del accidente, por 52,5 millones, a la UTE de Ferrovial, OHLA, FCC y Azvi. El Gobierno incluyó estas obras dentro de la renovación completa de la línea que conecta Madrid y la capital andaluza, obra pública a la que se han destinado alrededor de 700 millones de euros. Los sindicatos criticaron la utilización de materiales de bajo coste en la obra, algo que Puente tachó de «barbaridad», aunque no pudo esquivar la polémica por hablar de una «renovación integral» de la vía cuando en realidad se cambiaron algunos elementos en base a diferentes inspecciones. El propio presidente de CIAF mostró su sorpresa al pensar que se había tratado de una renovación integral.
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