El juez a cargo de la causa penal sobre la gestión de la DANA acordó proceder con un careo entre la exministra de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca. a petición de una causa popular y particular. El juez considera necesario comparar directamente las dos versiones con aclarar “contradicciones” detectados en diferentes temas para el desarrollo de la investigación.

Tras recibir este martes una solicitud de la Acció Cultural del País Valencià, el juez dicta auto motivado “exigen que” se realice el enfrentamiento entre los dos ex imputadosque aún no tiene fecha. Además, el magistrado de Catarroja explicó que el esclarecimiento o no de la coherencia de sus declaraciones con los medios de prueba aportados durante el proceso debe realizarse en sede judicial y precisamente por confrontación, «en este caso contrastando las declaraciones del imputado con las del testigo, en aspectos absolutamente esenciales de la investigación».

Enfrentamiento entre Pradas y Cuenca para aclarar contradicciones

En el auto notificado, el juez responde a la necesidad de comprobar las discrepancias entre las declaraciones de Pradas y Cuenca. Por un lado, la representación de la ex concejala presentó un acta notarial con mensajes de WhatsApp que, según ella, mostrar su versión de los hechos. Y por otro lado, Cuenca argumentó en su segunda declaración que estos mensajes fueron “descontextualizados” y los interpretó de manera diferente. A estas pruebas se suman las acusaciones de Pradas sobre si debía molestar o no a Mazón, la tarde del 29 de octubre de 2024.

El juez destaca que la versión del imputado ha fluctuado en distintos ámbitos: desde testimonios judiciales limitados a preguntas de su abogado, hasta intervenciones públicas sin asistencia letrada y comparecencias en comisiones de investigación en las que inicialmente Hizo uso de su derecho a no testificar.

Según el auto, la relevancia de estos extremos se fundamenta en la necesidad de esclarecer las deliberaciones y decisiones adoptadas durante la reunión del Cecopi durante la tormenta, proceso en el que Mazón, como presidente, tenía funciones de dirección y coordinación. La resolución será notificada a las partes y al Ministerio Fiscal, pudiendo interponerse contra ella recurso de reforma en el plazo de tres días o recurso de apelación en el plazo de cinco días.

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