EL juez de catarroja quien investiga Gestión DANA tomará declaraciones como testigos el 21 de noviembre al mediador del PP de Les Corts y secretario general del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca. También al propietario de El Ventorro, el restaurante donde el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comió con la periodista Maribel Vilaplana el pasado 29 de octubre.

Así se indica en un trámite de auto del letrado de la Administración de Justicia, donde señala la citación del dueño del restaurante a las 9.30 horas de ese día y la del mediador del PP dos horas después.

La fecha del testimonio de los dos testigos. se han fijado dos días después del magistrado aceptó la convocatoria de los dos hombres y la del núcleo de asesores y altos cargos de la presidencia más cercanos a Mazóna petición de acusaciones populares llevadas a cabo por el PSPV-PSOE y Ciudadanos.

En el caso de Pérez Llorca, la citación se debe a llamadas realizadas el día de la DANA por la entonces titular de Justicia e Interior, Salomé Pradas, encargada de emergencias e investigadora del caso. Sobre el dueño de El Ventorro, el magistrado señala que la única persona que entró y salió del salón donde estaban comiendo Mazón y el periodista y en caso de que hayas escuchado una llamada.

Sobre Pérez Llorca, el magistrado justifica su declaración testimonial en la que Pradas tuvo varias comunicaciones con él: a las 18:57, llamada perdida; a las 18.58 horas, una llamada saliente de 14 segundos de duración y a las 18.59 horas, una llamada entrante de 9 segundos de duración. A las 18:57 Mazón tuvo dos llamadas con su mediador a las 18.57, las cuales hay que “poner en contexto” con las intercambiadas entre el exasesor y Mazón a las 18.16, llamada saliente que duró siete segundos; a las 18.25, una ida de 43 segundos y a las 18.30, una entrada de 33 segundos.

Para el juez, el intercambios De los tres, en el caso de Pérez Llorca, «proporcionar información» sobre este día y destaca que Pradas atribuye «un vínculo», una «cercanía» del testigo con el «presidente interino». El juez encuadra todas estas declaraciones en que, en el análisis del proceso de toma de decisiones del Cecopi ese día, «es relevante» estudiar las convocatorias que Pradas pudo haber realizado.

También considera que aquellos destinados a “ averiguar qué información tenían todos de los miembros de la asamblea, o lo requerido en función de las obligaciones normativas establecidas de las que se ocupaban». Asimismo, recordemos que el auto de 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial de Valencia señalaba que Mazón ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, con funciones que le asigna la ley tanto de directiva como de coordinación, para que pueda dar «instrucciones» a los miembros del Consell.

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