EL juez de montoro (Córdoba), que investiga el accidente de tren ocurrido el 18 de enero en Adamuz, en el que murieron 46 personas, situó los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes como objeto del proceso judicial iniciado por el incidente.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) explicó que, si bien la calificación jurídica de los hechos puede modificarse a medida que avanza la investigación, era orientado desde el principio hacia estos posibles delitos.

Las mismas fuentes aclararon que, si bien el auto inicial del caso no contenía expresamente esta referencia, sí apareció en resoluciones posteriores dictado durante la investigación. Entre ellos está el orden en que se resolvió el problema de admitir las acusaciones populares formuladas durante el proceso.

El TSJA destaca que la determinación de los delitos investigados es parte del desarrollo habitual de cualquier procedimiento penal y que su implementación puede evolucionar a medida que se incorporen al caso nuevos procedimientos y pruebas.

Las víctimas critican la lentitud de la investigación del tren

Las víctimas y sus representantes legales demostraron públicamente su malestar con el ritmo de las investigaciones. Se dirigen, en particular, a la Comisión de investigación sobre accidentes ferroviarios (CIAF), organismo dependiente del Ministerio de Transportes encargado de analizar la causas técnicas del accidente y preparar un informe final.

El 14 de mayo, el Asociación de Víctimas de Adamuz Denunció que la actividad de la comisión se había reducido prácticamente al mínimo. La última actualización que tuvieron entonces fue el 28 de abril, cuando la CIAF envió un informe elaborado por la Guardia Civil lo que reforzó la hipótesis inicial sobre el origen del accidente: la posible rotura de un raíl como desencadenante del descarrilamiento del convoy Iryo antes de colisionar con un tren Alvia.

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