Un tribunal argentino ha solicitado la confiscación de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández en el marco del caso Caminos, en un auto que incluye un inmueble a su nombre y un conjunto de bienes transferidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, así como propiedades del empresario Lázaro Báez y su empresa.

El Tribunal Oral Federal número dos de Buenos Aires solicitó así decomisar bienes por un valor total de 684.990 millones de pesos argentinos (algo más de 422 millones de euros), a pesar de que el expresidente cuestionó esta medida la semana pasada, argumentando que la fecha de compra de la mayoría de ellos fue mucho anterior a la existencia del caso y los hechos denunciados. Su alegato respondió al anuncio del fiscal del caso, Diego Luciani, sobre la inminencia del decomiso.

Esto también concierne las propiedades de las empresas Ustral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos, Loscalzo y Del Curtotodos ellos adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, según indicó el canal argentino Todo Noticias.

Con todo, los jueces han considerado que la medida «forma parte de la tradición histórica del sistema penal argentino, encaminada principalmente a impedir que el delito probado rinda beneficios y neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita», con el fin de inducir una «función reparadora del daño social causado».

En total, es 20 propiedades que perderá la familia de Cristina Fernández, de los cuales todos menos uno están a nombre de los hijos de la expresidenta. Báez, por su parte, perderá más de 80.

Al mismo tiempo, el mismo tribunal también ha definido este martes Un nuevo régimen de visitas para el exlíderquien cumple una condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario por haber adjudicado obras millonarias en carreteras argentinas a un socio y presunto testaferro durante su gobierno, aunque la expresidenta ha denunciado que es víctima de persecución política y judicial.

Las nuevas reglas limitan el número de visitantes a un máximo de tres o cuatro a la vez y no más de dos veces por semana. Además, Los magistrados han solicitado una relación de las personas «que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la atienden habitualmente y abogados que la representan». quien podrá acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo ser requerido y motivado el eventual acceso de cualquier otra persona no incluida en esa lista”, informó Todo Noticias.