Este jueves será un día crucial para saber si la Justicia da la razón a los madrileños que reclamaban la nueva y cuantiosa tasa de basura que tuvieron que pagar en el último trimestre de 2025. Será cuando Tribunal Superior de Justicia de Madrid someterlo a votación para su posterior pronunciamiento. Posteriormente vendrá la redacción de la sentencia y su comunicación, pero hasta entonces la expectación es máxima porque será la primera sentencia sobre el llamado «taszo» y que el Gobierno central justificó como una obligación procedente de Europa.

«Esto no es cierto, Europa no obliga», denuncia Manuel Herrero de Egaña., vocal responsable de Estudios e Investigación y Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) sugiriendo que lo que ha hecho el Ejecutivo es pasarle la pelota a las corporaciones locales.

AEDAF es la que ha llevado a la justicia madrileña a pronunciarse al respecto. Su exigencia se centró en los criterios que ha seguido el ayuntamiento para cobrar las cantidades, recordando que la ley de residuos aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 obligaba a los ayuntamientos a imponer esta tasa en 2025. dependiendo de la basura que generaron. Sin embargo, este no ha sido el caso. Los ayuntamientos aseguran que es complicado calcular lo que genera cada uno. Por eso en ayuntamientos como el de Madrid la cantidad asignada a cada hogar supone una 80% del valor catastral de la vivienda y los 20 restantes dependen de los residuos de cada distrito. «No se tiene en cuenta el número de personas que viven en cada casa aunque sí tienen esa información«, denuncia el socio director de Herrero Egaña Abogados y responsable de Estudios e Investigación de AEDAF. Además, el principal motivo de su exigencia se basa precisamente en el diseño de la tarifa: «es un IBI dos», se queja.

Sin perjuicio de la ordenanza municipal que contempla la La tasa de basura para 2026 ya se modifica para calcularla en función de las personas de cada hogar. «Ya tenían los datos y el ayuntamiento reconoce que podrían haberlos utilizado, pero no los han aplicado. Se les ha acabado el tiempo», afirma Manuel Herrero de Egaña.

¿Podrán los madrileños recuperar el dinero pagado?

En su demanda, la Asociación Española de Asesores Fiscales ha solicitado expresamente que, en caso de fallo favorable, la declaración de nulidad se extiende a todos los madrileños que la abonaron en la recta final de 2025 y no sólo a quienes recurrieron a ella «como es habitual», recuerda el experto, en alusión a lo ocurrido con el diseño de la plusvalía municipal en 2021, cuando el Tribunal Constitucional anuló el cálculo pero solo benefició a quienes lo habían reclamado previamente.

Si la sentencia es favorable a los madrileños lo más probable es que el ayuntamiento recurra ante el Tribunal Supremo, pero si no será AEDAF la que no se quede de brazos cruzados. «Iremos al Tribunal Supremo si la sentencia es en contra»advierte Manuel Herrero de Egaña, quien también denuncia que no le gustó lo que Juzgado económico-administrativo de Madrid resolver reclamaciones en un plazo de tiempo al que no estamos acostumbrados. «El tiempo medio de espera es de dos años, pero ahora, con la tasa de basura, han sido dos meses«, se queja con cierto malestar porque han querido adelantar el pronunciamiento sobre la ordenanza por si el TSJM da la razón a los ciudadanos que sólo han presentado denuncias.

En estos casos, dirigen a los madrileños cuya demanda ha sido desestimada por el Tribunal Económico-Administrativo de Madrid a acudir a un abogado. «¿Se va a compensar a ese vecino por gastarse 100 o 200 euros en un abogado, que es lo mismo que pagó en honorarios?«, se pregunta, consciente de la respuesta: acabarán abandonándolo y «esto no se hace»se lamenta.