Desde entonces, tanto el Correo como el Gobierno han estado dando pasos adelante en el cumplimiento del plan estratégico sin que esto haya trascendido más allá de los principales lineamientos acordados con los sindicatos. No se sabe cómo se transferirán esos recursos públicos comprometidos, ni bajo qué requisitos, ni cuáles son los hitos que debe alcanzar la empresa para desbloquearlos, ni si procederán de los Presupuestos del Estado, de la Sepi o de un posible recurso a la deuda de la empresa pública.

Todas estas dudas, y algunas más relacionadas con cómo podría afectar este plan estratégico a su negocio, también las tenían las empresas privadas que competían con Correos, que Decidieron acudir a la Audiencia Nacional para conocer más detalles sobre ese plan, dado que se basó en una transferencia millonaria de recursos del Estado.

Y la Audiencia Nacional les ha dado la razón. En una resolución del 5 de diciembre, estima parcialmente la demanda planteada por la patronal de operadores postales privados, Asempre, y reconoce su derecho «a obtener acceso parcial al Plan Estratégico 2024-2028», con el único límite de reservarse «laActos específicos protegidos por secretos empresariales o comerciales«, que era el argumento al que había recurrido la empresa pública de correos, y »debiendo justificar cada una de las exclusiones realizadas«.

El Tribunal considera que en la pugna entre la legítima protección de los intereses comerciales de la empresa pública y la también legítima y obligatoria transparencia del uso de los recursos públicos, no tiene sentido mantener una total opacidad sobre el plan estratégico de Correos, teniendo en cuenta que, sobre todo, «planifica el destino de enormes recursos públicos«, tal y como consta en la propia sentencia.

Los operadores postales privados ya presentaron un caso ante la Comisión Europea por, en su opinión, Retribución excesiva del servicio público universal que percibía Correos y que a juicio de sus competidores constituía una financiación encubierta, como también consideró finalmente Bruselas, que obligó a recortar drásticamente la retribución del Estado a Correos por este motivo y a diluir un fondo de 500 millones de euros que estaba destinado en los Presupuestos para cubrir posibles déficits financieros del operador postal del Estado.

Correos todavía tiene la posibilidad de recurrir a una autoridad superior para eludir la obligación de dar acceso a su plan estratégico. La empresa postal estatal adelantó hace unos días su plantilla, que cerró el ejercicio 2025 con cuentas equilibradas tras Pérdidas en cadena de más de 1.000 millones de euros en un período de apenas cinco años.