MADRID, 18 dic (EUROPA PRESS)-

La operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria por uno de los mayores fraudes del IVA en el sector de los hidrocarburos vinculado a la petrolera Biomar destapó en una casa de Ávila un taller clandestino de armas de fuego con 44 armas, algunas modificadas y con el número de serie borrado, munición de guerra y un vehículo blindado de guerra con una ametralladora de gran calibre instalada.

Según el balance del operativo de la Policía y la Agencia Tributaria, del que han informado en una nota de prensa, hasta el momento se ha constatado que el fraude asciende a cerca de 300 millones de euros entre los años 2023 y 2024.

Por este motivo, ocho personas han sido detenidas y otras diez han sido investigadas en la Audiencia Nacional como presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

En los nueve registros se han incautado más de 130.000 euros, se han bloqueado 167 relojes de lujo, activos financieros superiores a los 14 millones de euros y cuentas con más de 12,5 millones de euros, más de 3,6 millones de litros de combustible, 60 vehículos de alta gama y 46 inmuebles.

INVESTIGACIÓN UDEF DESDE 2023

La investigación se inició a principios de 2023 cuando agentes de la UDEF Central de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de grandes movimientos económicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos, compatibles con un posible lavado de dinero. En concreto, la red criminal ofrecía el producto a precios muy inferiores al valor real habitual en el mercado, como consecuencia del incumplimiento fiscal.

Luego de las primeras investigaciones, descubrieron que podría haber una sola organización criminal detrás de dos operadores petroleros que realizaban estas operaciones ilegales que causaron gran preocupación entre el resto de empresas del sector de hidrocarburos.

Por un lado, al no ingresar el IVA repercutido en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), les permitió ofrecer gasolina y diésel a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios muy inferiores a los de cualquier competidor que sí cumpliera con sus obligaciones tributarias.

Además, supuestamente incumplieron la normativa sectorial relativa a los biocarburantes que les obliga a abonar un pago compensatorio -lo que supuso también otro impago de unos 40 millones de euros- en caso de no utilizar biocarburantes, obteniendo por estas dos vías un amplio margen económico con el que poder ofrecer sus suministros.

UNA TABLA FRONTAL COBRÓ DOS MILLONES

Según la Policía, la organización tenía una estructura jerárquica liderada en la cima por dos socios bajo cuyo mando estaban los directores financieros que controlaban las cuentas y se encargaban de toda la contabilidad empresarial.

En la base estaban los trabajadores, aunque muchos de ellos desconocían la actividad delictiva. Finalmente, sin formar parte de esta estructura, estaban los testaferros a los que seleccionaron para prestar su identidad y así aparecer como responsables de las obligaciones fiscales generadas por los operadores petroleros, recibiendo uno de ellos una remuneración de alrededor de dos millones de euros.

Una vez que los investigadores lograron identificar a todos los miembros de esta organización, el 2 de diciembre se constituyó un cuerpo policial que llevó a cabo nueve entradas y registros simultáneos -siete domicilios en Madrid y Ávila y dos oficinas en la capital madrileña-.