Este miércoles conocimos la denuncia de una trabajadora contra su jefe después de haber sufrido, durante diez años, presunto acoso y agresión sexual. En concreto, tres entre 2013 y 2023. Se trata de Gustavo Fuentes, director general de una famosa productora de Sevilla con quien suele trabajar Canal Sur.

Una vez hecha pública esta denuncia, la Junta de Andalucía asegura que ha tomado y aplicado las medidas necesarias. Pese a ello, la oposición ya ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, aclara lo que sabías sobre este caso de presunto acoso y agresión sexual.

En Andalucía la indignación ante las acusaciones es más que palpable. «Hay que proteger a las mujeres desde el minuto uno. Es una conducta vergonzosa que denunciamos», recordó el secretario general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.; mientras Antonio Maillo ha hablado de «Ha habido prácticas despreciables».

Por su parte, el líder de Adelante Andalucía ha asegurado que «No se pueden permitir acosadores sexuales en la televisión pública. Así de simple». Porque hablan de conductas intolerables que fueron conocidas y encubiertas. «Aquí parece que ha habido un encubrimiento, un olvido, un perfilado, no quiero saberlo», añadió Montero desde Sevilla.

Por eso piden que se aclare todo. O en palabras de José Ignacio García: «Queremos explicaciones y queremos que llegue hasta el final».

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno también ha condenado lo ocurrido. La portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha pedido «respeto absoluto a la justicia y rechazo total a cualquier abuso».

Eso sí, se han deslindado de cualquier responsabilidad, porque Esa productora es privada y no depende de la Junta. «Es una empresa que no es pública, la mayoría es privada», subrayó España.

Por ahora, la única respuesta del imputado es que se encuentra tranquilo y a disposición de la justicia. «En los más de 30 años de mi carrera profesional nunca he tenido conductas inapropiadas de ningún tipo», sostiene Gustavo Fuentes en un comunicado.

Desde la cadena pública aseguran que No tienen queja interna y que, al haber ya un procedimiento judicial abierto, no pueden tomar medidas adicionales.

Algo que para la izquierda es sólo una excusa. «No te puedes escudar en que el proceso judicial te impide desarrollar el protocolo antiacoso», criticó Maíllo.

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