The parliamentary paralysis caused by the inability to carry out laws and measures by the Government endangers the arrival of a good part of the European funds, a situation that has been aggravated by the adverse political environment generated by the corruption scandals that multiply in the PSOE linked to the «Koldo Case» and that threatens to stop proposals linked to the fifth payment of the European funds next generation in the Congress of the deputies, including El impuesto diesel, vinculado a la reforma fiscal y la ley de movilidad sostenible, que es una nueva ruptura en un proceso marcado por las interrupciones durante más de tres años.

Considerada una de las leyes más importantes de la Legislatura para combatir el cambio climático y modernizar la movilidad en España, la ley de movilidad sostenible es una de las reformas cometidas por el gobierno con Bruselas en el marco del plan de recuperación, lo que significa que España podría perder 10,000 millones de euros de fondos europeos si no continúa, de los 23.9 billones correspondientes al pago del quinto, un estado muy significativo.

El objetivo del gobierno era que la ley entrara en vigor este año, de conformidad con su último compromiso con la Unión Europea (UE), por lo que se planeó que la Comisión de Transporte aprobó la moción esta semana, como un paso anterior para la ratificación en la plenario por su remisión al Senado.

Sin embargo, horas antes de ser retenida, la comisión era desconfiada, ya que el PSOE no contó con el apoyo garantizado, ya que las relaciones con algunos de sus socios han sido tensadas porque consideran la reacción del presidente Pedro Sánchez insuficiente antes de la supuesta trama de corrupción que involucra altas posiciones de su partido. Las fuentes de la Comisión señalan a los diputados de los podemos como los más reacios a facilitar la aprobación de esta ley y garantizar que «ni siquiera hayan querido negociar sus enmiendas».

Del departamento dirigido por ÓScar Puente, han pedido a los grupos parlamentarios una «reflexión para trabajar en beneficio de los ciudadanos» y enfatizó que la aprobación de esa ley «significa la llegada de 10,000 millones en fondos europeos o la solución a problemas como el mapa de la concesión de los autobuses para mantener los servicios».

Tres años después de la aprobación en el Consejo de Ministros de esta Ley, su procesamiento se basa, aunque las fuentes gubernamentales dicen que no descartan reanudarlo en julio.